¿Quién paga por los errores de los fiscales?

El ‘Síndrome de Sigifredo’ cuesta miles de millones sin que los causantes respondan. Es hora de enfrentar el tema

El dramático suceso judicial que tuvo que enfrentar del ex diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, es solo uno de los casos más elocuentes de un desangre silencioso que acosa las arcas nacionales. Hay muchas versiones informales que hablan de las demandas en contra de la Fiscalía General. Una de las cifras más usadas dice que son más de 12.000 procesos en todo el país y que las pretensiones económicas de los ‘otros Sigifredos’ sobrepasan los $26 billones. La situación es tan grave que la administración Santos montó una oficina encargada de que el Estado no siga siendo la ‘gallina de los huevos de oro’ de muchos abogados. Pero, ¿cómo no creen en muchas demandas después de los sucedido esta semana?

Lo del ex diputado fue un verdadero ‘falso positivo’ ejecutado por manos oscuras que aún no han sido identificadas por las autoridades competentes y en las que la Fiscalía cayó haciéndole un daño irreparable a un ciudadano que ya había sufrido lo insufrible en un largo cautiverio. El error no se repara con unas simples excusas públicas, es un hecho que nos debe llamar a reflexionar sobre el proceder ligero de muchos de los organismos de justicia. La demanda en contra de la Fiscalía no se hará esperar por este suceso y será enorme al no haber una forma evidente que le permita a la nueva Agencia de Defensa Jurídica de la Nación librarse de ese pleito. Esta novísima oficina debe hacer más que argumentar constantemente que “tenemos más de 250.000 procesos abiertos, con pretensiones que se acercan a los $1.200 billones o sea cuatro veces el presupuesto nacional y dos veces el PIB”; debe ser más preventiva, pues de lo contrario será un elefante blanco burocrático que no da resultados. Que se demande al país no quiere decir que se ganen los pleitos automáticamente, pero siempre existirá el riesgo de perder. Es por esta situación que es mejor la prevención educando a los funcionarios públicos de que su actuar tiene unos costos para sus mismos intereses como ciudadanos.

Tan abominables son los carteles de abogados especializados en demandar injustamente al Estado, como el ligero actuar de los funcionarios públicos que cometen errores de ese tamaño sin que nada suceda. El país que soñamos, que queremos y que debemos dejarles a las nuevas generaciones debe contar con instituciones sólidas en las que trabajen las personas más preparadas, con mayor experiencia y que reduzcan el margen a las equivocaciones como la sucedida con el ex diputado del Valle del Cauca. Que haya una oficina exclusiva para pelear en los estrados judiciales no quiere decir que los servidores públicos descuiden el buen ejercicio profesional y que se prevenga desde el mismo Estado la incurrencia en costosos errores.