¿Qué dicen los candidatos de las pensiones?

Durante los últimos tres o cuatro períodos presidenciales se le ha sacado el cuerpo a una necesaria reforma pensional que tiene una falla de origen y es que ha sido reglamentada -desde 1993 cuando se montó- a partir de tutelas interesadas en casos individuales, que han ido deformando la naturaleza inicial. El sistema pensional colombiano cumplirá 30 años el próximo año permitiendo la convivencia de dos estructuras paralelas que compiten entre sí en desiguales condiciones, que han dejado más asimetrías de las que pretendían solucionar.

La más grotesca es la feria de demandas contra el sistema privado, conocido técnicamente como Régimen de Ahorro Individual administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, para trasladarse al fondo público (Régimen de Prima Media), para mejorar sus mesadas o subsanar los errores del mismo afiliado. En el universo privado, los aportes, así como los rendimientos obtenidos, alimentan una cuenta individual cuyo monto ahorrado determina la pensión. Mientras que en el público los afiliados solo pueden obtener la pensión a los 57 años (mujeres) y 62 (hombres), siempre y cuando hayan cotizado durante 1.300 semanas. En promedio anual, el gasto público destinado a pagar pensiones fue 3,4% del PIB para el gobierno central y 4,4% del PIB para el gobierno general, cifras que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional por la evolución de la pirámide poblacional; cada vez hay menos jóvenes contribuyendo con la pensión de los mayores, la informalidad y el desempleo también son problemas silenciosos que obligan al próximo Gobierno Nacional a tomar cartas en el asunto.

Dice el informe de la Ocde que el sistema es inequitativo, ya que los subsidios pensionales se concentran en los sectores más ricos de la población y no hay mucha seguridad jurídica para los fondos privados, que eran la innovación hace tres décadas. El régimen de prima media en lugar de marchitarse, como se previó en los orígenes, ha tomado fuerza en los últimos años y la desbandada de afiliados de los privados hacia Colpensiones no tiene un torniquete financiero, pues los subsidios de lo público son más atractivos. Los sistemas son distintos en su financiación, administración de los recursos, requisitos para acceder a la pensión y cálculo de prestaciones, lo que se está convirtiendo en una suerte de Torre de Babel que tendrá que empezar a jugar en las próximas elecciones.

El llamado “club de las buenas prácticas” ha planteado la necesidad de que Colombia realice una reforma pensional estructural, pues el actual sistema de pensiones tiene una escasa cobertura y es un factor clave de la elevada desigualdad. Evidencia que 45% de los mayores de 65 años no recibe ningún tipo de pensión por jubilación y dice que Colombia tiene uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados de América Latina. “A pesar de una respuesta contundente a la crisis del covid-19, las prestaciones sociales apenas contribuyen a paliar las desigualdades, y la mayor parte del gasto social no se destina a los más desfavorecidos, sobre todo en el caso de las pensiones”. El punto es que este Gobierno ya va de salida y los aspirantes a suceder no hablan del tema, no lo conocen o no sienten que sea un asunto con el cual pueden ganar electores.