martes, 9 de octubre de 2018

Algunos hablan de seguridad jurídica mientras sus actos están cargados de evidencias que ponen en jaque el desarrollo de los mercados

EditorialLR

El problema de la salud en Colombia no tiene descanso y en lugar de caminar por el sendero de las soluciones, sus actores siempre escogen caminos largos, con curvas y empedrados. Al final de la semana pasada, la Procudaduría General anunció en rueda de prensa que “a partir del 3 de octubre, la liquidadora de Saludcoop y la Junta Directiva de Cafesalud acogieron la petición de revocatoria de la venta y terminación del contrato que trasladó las acciones al consorcio Prestasalud, y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales Esimed opera como red Medimás EPS”, una medida audaz, pero inoportuna por quien tomaba la decisión, pues pocas velas tiene en ese entierro, y si las tiene primero deben surtirse otras instancias jurídicas antes de proceder.

Incluso el inusual show mediático recogió el clamor popular de los más de cuatro millones de usuarios en los que se ofrecía “garantizar la cobertura de atención a afiliados y sus beneficiarios”, a través de la Superintendencia de Salud y en los casi 30 departamentos en donde funciona la entidad. Se justificó la anulación de la compra porque los compradores se encuentran en mora de más de 90 días y con una serie de incumplimientos económicos que acumulan una deuda de más de $125.000 millones, sin sumar intereses. Toda una acción loable, pero imprudente, carente de ponderación.

Ahora la pregunta es: ¿puede la Procuraduría atravesarse a cualquier negocio y simplemente anularlo en una rueda de prensa? Claramente, esos excesos generan inseguridad jurídica y el defender el derecho a la salud, por parte del Ministerio Público es un deber pero hay actuaciones recientes en el caso de Medimás que plantean muchas preguntas y generan inquietudes. El mismo interés que la Procuraduría tiene sobre esa EPS en particular pudiera extenderse a otras que tienen los mismos o peores problemas. ¿Por qué la Procuraduría planteó, conjuntamente con la liquidadora de Saludcoop, la revocatoria de un contrato de compraventa de acciones sin haber recurrido, como corresponde, a un tribunal de arbitramento? Está bien tal preocupación, pero se saltaron de tajo los roles y las funciones de la Superintendencia de Salud, entidad de control y vigilancia que debía estar presente en toda esta trama. Si se van a repartir los afiliados de Medimás a otra EPS a la que no le ha sido revocada la habilitación, por lo menos se debe tener en cuenta al nuevo Gobierno, al nuevo Ministro, incluso preguntarle si hay o no un plan de contingencia conjunto para salir del gran lío que se originó hace varios años.

La Nación es muy débil en lo jurídico y con esta improvisada acción quedó expuesta a una demanda de varios billones pesos, que además ha generado incertidumbre a cuatro millones de afiliados en todo el país. El papel de la Procuraduría General en la lucha frontal contra la corrupción es un hecho real que le ha recuperado el gran papel que debe tener el Ministerio Público y ojalá mantenga esa actitud vehemente contra los corruptos, pero en este caso de Medimás el agua va por otros rumbos que ojalá se aclaren por el bien del mismo servicio que se pretende proteger como es la salud. Importante, que los nuevos funcionarios en el Ministerio de Salud y en la Superintendencia de Salud empiecen a actuar en este caso y le garanticen a los afiliados el servicio que merecen.

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