Panamá, un vecino poco amistoso

La lista negra que sacó Panamá el viernes pasado para agrupar a los países que considera lo discriminan comercialmente, y en la que incluyó a Colombia, forman parte de una serie de decisiones que han marcado las relaciones entre ambos países y que lo han convertido en un vecino poco amistoso por la decisión de Colombia de defenderse del contrabando que los empresarios alegan llega desde la Zona Franca de Colón. Aunque el país fue incluido en la lista junto a otros como Brasil, Chile o Uruguay, las peleas comerciales con el istmo ya son de vieja data, hasta el punto que han sido elevadas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC): en 2006, reclamó por medidas aduaneras sobre la importación de determinadas mercancías procedentes de Panamá; un año después, volvió a protestar por los precios y las restricciones de los puertos de entrada y hace tres años por las medidas contra la importación de textiles, prendas de vestir y calzado. Las quejas de Panamá han significado derrotas para el gobierno colombiano: basta recordar que la protesta que se elevó en 2013 fue fallada en contra de Colombia por parte de la OMC, que le prohibió seguir aplicando aranceles mixtos a las importaciones de textiles y calzado provenientes de Panamá. Precisamente, esto último es el origen de la pelea que hoy tiene a Colombia en una lista negra, que podría ser el primer paso para aplicar sanciones en contra de los empresarios. Aunque el gobierno colombiano asegura que cumplió el fallo de la OMC, al ajustar el arancel mixto para la importación de textiles y calzados, también estableció unas medidas aduaneras que siguen preocupando a Panamá. Según la llamada ley de retorsión que se aplica en ese país, el ingreso a la lista que se publicó el viernes le permite al gobierno panameño aplicar sanciones como un impuesto de dividendo de hasta 40% a las empresas que proceden de Colombia.

La discusión, que no se ha podido resolver en el gobierno Santos, ha trascendido más allá de un debate arancelario. A pesar de que ambos países lograron firmar un Tratado de Libre Comercio hace cinco años, el proceso de aprobación que se tiene que hacer en la nación centroamericana está estancado desde 2015. A esto se le suma, que a principios del año pasado, Panamá también detuvo la compra de unas lanchas al Ejército Nacional por US$30 millones. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, quien se encuentra en Panamá para tratar el tema, debería poner en su listado de prioridades encontrarle una solución a este debate que parece no podrá salir adelante antes de que Santos finalice su mandato. Ya hay un antecedente de un éxito diplomático entre ambos países, luego de que el Gobierno colombiano lograra un acuerdo para la implementación de un mecanismo de información tributario binacional, solo después de que el istmo fuera declarado un paraíso fiscal, al igual que en su momento lo hizo la Unión Europea.

Sin embargo, aunque debe ser prioritario mejorar las relaciones comerciales con Panamá, e incluso sacar del cajón el TLC que ya se firmó, el Gobierno tampoco puede olvidar las quejas de los empresarios locales y la afectación que tiene en la industria nacional el ingreso de productos de contrabando que llegan por esa zona de Centroamérica y que inundan al mercado local de mercancía china.