No se puede poner la ropa más cara

Cuando el gobierno de turno decidió gravar la ropa importada con un arancel de 40%, logró que revivieran las compras en los “Sanandresitos” y que cada viajero al exterior regresara con la maleta llena de ropa comprada a precios más bajos que los que se encuentran en los centros comerciales de cualquier ciudad colombiana.

Desde que los comerciantes tuvieron que vender más caras las prendas importadas de grandes marcas, se disparó el contrabando y el país retrocedió a los tiempos anteriores a la internacionalización de la economía y la apertura comercial. Lo único que falta es que ese odioso arancel se mantenga y condene a los colombianos a pagar más por prendas que se producen con mayor competitividad en otros países.

El argumento para encarecer las confecciones importadas se basa en corregir las asimetrías del mercado. Dicho de otra manera, se busca compensar las diferencias de competitividad frente a la mano de obra del sudeste asiático, región que desde hace tres décadas se ha consolidado como una de las grandes fábricas textiles del mundo. Allí, incluso, producen sus textiles y confeccionan sus prendas algunas de las mismas marcas colombianas.

La Andi sostiene que “es profundamente inconsciente con la industria de confecciones del país pedir el levantamiento de un arancel que está diseñado para compensar la agresiva competencia desleal que enfrentan los productores y trabajadores nacionales”. Los dos floreros de Llorente de esta controversia son las plataformas digitales chinas Temu y Shein, cuya incursión en los mercados de todo el mundo ha causado estragos en la producción local. Sin embargo, quizá sea su eficiente organización logística, más que las propias confecciones, lo que desestabiliza a los productores nacionales.

Muchos colombianos compran en estas plataformas por una razón sencilla: los artículos son baratos y llegan pronto. Esto ha contribuido a la masificación del fast fashion o moda rápida, una tendencia que se ha impuesto en todo el mundo. El consumidor de hoy quiere productos rápidos, bonitos y baratos, sin que necesariamente sean de altísima calidad. Ese sigue siendo un segmento en el que las grandes marcas han defendido su posición mediante precios más elevados y una presencia comercial consolidada en tiendas que pagan impuestos.

La preferencia por la moda rápida responde, en buena medida, a la búsqueda de precios asequibles y de una oferta que se renueva constantemente. Lo que deben hacer el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dian es combatir el contrabando e incluir, en la próxima reforma tributaria, medidas que garanticen que las compras realizadas a través de estas plataformas cumplan las obligaciones tributarias correspondientes.

Estas operaciones deben someterse a reglas claras y equitativas, sin perjuicio de que se evalúen mecanismos de control similares a los aplicados a otras actividades digitales, como las apuestas en línea. La disputa entre industriales y comerciantes por la vigencia del arancel de 40% a las prendas de vestir importadas resulta saludable al inicio de una nueva administración nacional, pues permite discutir cómo proteger la industria sin castigar al consumidor, especialmente a los jóvenes, que son grandes compradores de moda rápida.

Sin embargo, esa discusión también debe considerar los incentivos gubernamentales que necesitan las empresas textiles para generar empleo, modernizar sus procesos y establecerse en ciudades intermedias. No todo debe resolverse mediante impuestos y aranceles, ni con medidas restrictivas que encarecen los productos y elevan el costo de vida.