Un verdadero problema de salud pública

Es muy probable que al cierre de este 2026 Colombia bata su récord histórico en la venta de motocicletas, superando la cifra de 1,5 millones de unidades nuevas. Este volumen no es menor en el entorno internacional, ya que posiciona al país entre los nueve mercados más importantes del mundo para la comercialización de estos vehículos. Las cifras hablan por sí solas: a septiembre se habían registrado 1.260.176 motocicletas vendidas, lo que representa un promedio de 140.000 unidades cada 30 días.

Con la llegada del último trimestre del año -periodo caracterizado por un repunte en el consumo y mayores presupuestos comerciales-, se estima que entre octubre y diciembre se venderán unas 150.000 unidades mensuales. Esto equivale a la incorporación diaria de 5.000 motos nuevas a las calles, o cerca de 210 por hora. Bajo este nivel de penetración comercial, se puede afirmar que la motocicleta ya se ha transformado en un artículo de la canasta familiar. Su auge ha consolidado un sector económico robusto que dinamiza las soluciones de transporte urbano y rural, sirviendo como una herramienta de trabajo esencial y extendiendo la eficacia en la distribución de bienes y servicios.

Detrás de esta tendencia no solo existe una bonanza de repartidores o “rappitenderos”, sino también una base diversa de usuarios: médicos que se desplazan a sus consultorios, ingenieros que visitan obras, y profesores y alumnos que asisten a sus centros de estudio. Sin embargo, la “motomanía” que experimenta la sociedad colombiana también exhibe un lado oscuro: la explosión de siniestros viales que tienen como protagonistas a los motociclistas y, además, la constante presencia de este vehículo en la inmensa mayoría de los hechos delictivos, particularmente en casos de sicariato.

Un estudio de la Fundación Colombia Tiene Futuro revela que la tasa de mortalidad de motociclistas pasó de 0,35 a 10,6 por cada 100.000 habitantes entre 1979 y 2025; esto significa que el indicador se multiplicó por 30. En números absolutos, las muertes anuales pasaron de aproximadamente 90 a 5.652. El documento, elaborado a partir de los microdatos de defunciones del Dane, señala que sin el factor de las motocicletas, la tasa global de mortalidad vial en el país habría bajado de 15,5 por cada 100.000 habitantes en 1998 a 6,2 en 2025, logrando una reducción de 60%.

Al respecto, el estudio concluye: “Colombia mejoró la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos durante un cuarto de siglo. Buena parte de ese avance fue borrado por las motos”. Que Colombia ingrese al listado de los 10 países con mayor venta de motocicletas es un hecho que dinamiza la economía, pero que al mismo tiempo exige una respuesta contundente. Las autoridades locales y nacionales deben implementar con urgencia programas de salud pública enfocados en evitar que la población, especialmente los hombres jóvenes, pierda la vida en las vías.

Asimismo, el creciente sector de los importadores y comercializadores debe acelerar sus programas de responsabilidad social para proteger a sus clientes. A nivel global, las normas de seguridad vehicular se han modernizado, exigiendo sistemas de frenos de última generación y accesorios de protección avanzados. En concordancia, se requiere robustecer y hacer respetar las normas de tránsito entre todos los actores viales.

Esto no tiene como fin generar disputas con los conductores de automóviles -con quienes se compite por el espacio público- ni desplazar a los peatones en los andenes, sino consolidar acuerdos cívicos básicos que permitan a los ciudadanos transitar de manera segura por el territorio nacional.