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EDITORIAL

Los retos que tiene el nuevo fiscal Barbosa

viernes, 31 de enero de 2020

El consejero de derechos humanos, Francisco Barbosa, será el nuevo fiscal en medio de un panorama de poca credibilidad de la entidad y con el reto de recuperar la institucionalidad

Editorial

La Corte Suprema de Justicia eligió por unanimidad al abogado de la Universidad Sergio Arboleda, Francisco Roberto Barbosa Delgado, en el cargo de Fiscal General de la Nación. Es doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes, Francia, institución que también lo graduó como máster en historia, también es especialista en relaciones internacionales, en regulación y gestión en telecomunicaciones y nuevas tecnologías. La decisión pone fin a una larga interinidad de la entidad desde la tormentosa salida de Néstor Humberto Martínez quien renunció a su cargo mucho antes de terminar su periodo, lo que sumió a la importante entidad en un grado de indecisión y lentitud con graves repercusiones en la justicia colombiana. Entre los retos que le quedan por delante a Barbosa es recuperar el grado de confianza y credibilidad de la Fiscalía que pocas veces ha logrado que el fiscal general de turno termine su periodo, es decir, el primer gran reto es terminar la tarea impuesta por la Constituciones en las condiciones que esperan todos los colombianos. El gran problema es que el nivel de desintitucionalidad al que se enfrenta es enorme, pues la entidad tiene grandes enemigos (no solo la delincuencia que investiga) sino en las mismas organizaciones gubernamentales. La Fiscalía es una oficina de control y vigilancia relativamente nueva que requiere de mucho respaldo para que pueda cumplir cabalmente su papel en la sociedad, como es hacer más eficiente la justicia; trabajar en equipo con otros organismos y en especial en este momento de la historia del país ayudar a desarrollar el sistema de justicia transicional, muy a pesar de las diferencias conceptuales que se tengan. El nuevo fiscal tiene que pavimentar el camino con la llamada Justicia Especial Penal, JEP, para acordar o zanjar el juzgamiento a políticos por corrupción y no por razones del conflicto armado, que dicho sea de paso se ha ido desescalando en los últimos años.

Colombia es un país con graves problemas de inseguridad y una lenta respuesta de las autoridades para resolver esos problemas que aquejan a la sociedad. Muchos de los robos y asesinatos quedan impunes por falta de investigación o seguimiento a los delitos corrientes, situación que ha llevado a los colombianos a juzgar a la Fiscalía como ineficiente, pues gran parte de sus recursos y de su tiempo se lo dedica a temas muy políticos y no a la atención del ciudadano corriente que se siente inseguro. Las seccionales de la Fiscalía en todo el país están capturada por una gran cantidad de casos sin resolver y sin esperanzas de que algún día llegue una investigación a feliz término; hay congestión y muy pocos recursos para atender más de 1,5 millones de casos pendientes de resolver por parte de la policía judicial de investigación. No hay mucha gente, no hay muchos recursos y lo peor es que el desarrollo tecnológico de la entidad no es el mejor. La Fiscalía de Barbosa debe dar un salto tecnológico para dar mayores garantías a las personas. En términos económicos la entidad debe trabajar en equipo con otras entidades de control como son las superintendencias, en especial contra delitos de corrupción y de libre mercado. Pero lo principal para el sector privado es que el nuevo fiscal envíe un mensaje de transparencia, confianza y sobre todo de conocimiento, elementos que componen el respaldo.

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