jueves, 17 de diciembre de 2020

El necesario cambio de dirección en los parques nacionales desnuda los riesgos que corren a manos de cocaleros, mineros ilegales, cultivos y ganados de los vecinos

EditorialLR

La abogada Julia Miranda permaneció como directora de Parques Nacionales Naturales durante dos años de la administración Duque; ocho del expresidente Santos y siete del expresidente Uribe.

Durante su gestión de casi 17 años, los 57 parques se consolidaron como un sistema y la entidad consiguió protegerse de los intereses politiqueros, además de trabajar de manera conjunta y sin aspavientos con las polémicas corporaciones autónomas regionales.

Su salida era más que necesaria para oxigenar la entidad y emprender nuevos retos que no eran evidentes como es la amenaza que se cierne sobre los parques de la mano de los cultivos ilegales de marihuana, amapola y coca; de la minería ilegal que poco a poco tiene más presencia en esos territorios y de los cultivos y ganados de los campesinos vecinos de esos territorios del Estado, pero que han movidos sus cercas para hacer potreros e invasiones y luego alegar propiedad.

Sobre el papel se dice que el sistema cuenta con 58 áreas protegidas, 42 de ellas parques naturales, 12 son santuarios de fauna y flora, dos reservas naturales, una Vía Parque y otra Área Natural Única, pero la realidad es que en esos territorios se experimenta el verdadero conflicto crónico que ha desangrado al país durante seis décadas.

Su bajo presupuesto y la poca importancia que le han dado los distintos gobiernos hacen que estas importantes áreas no sean solo santuarios naturales sino que estén casi capturadas por los actores de violencia.

No se puede negar que el mismo conflicto y el miedo de los turistas para visitar esos lugares de acceso público, han sido un mecanismo de conservación y protección; en pocas palabras no han sido “popularizados” por el temor a encontrarse la guerrilla, los narcos, las taladores de bosques o a los mineros ilegales; o todos los anteriores.

El papel también dicta que “en estas áreas se protege gran parte del tesoro natural de Colombia que a su vez es riqueza irremplazable para todo el planeta: 10% de la biodiversidad mundial, Colombia es el primero en el mundo en diversidad de aves, segundo en diversidad de plantas y anfibios, tercero en diversidad de reptiles y palmas, y quinto en mamíferos”; nuevamente la realidad es muy distinta a lo que se presenta en Power Point.

El ministro del Ambiente, Carlos Correa y su nuevo director de Parques Nacionales, Orlando Molano, deben llevar la institucionalidad a otra fase de desarrollo y seguridad en esas importantes reservas naturales, poco a poco colonizadas por esos actores que los usan como refugios de sus fechorías.

Las cosas desde Bogotá se ven distintas porque están sobre el papel o en videos, pero al “ir a los territorios” -como dicen los funcionarios- la realidad es muy distinta. Ambos funcionarios deben lanzar una verdadera cruzada por llevar seguridad, vigilancia y conservación a estas regiones, pues hoy en día están amenazadas por los mismos flagelos que no dejan al país vivir en paz.

No nos podemos engañar, hoy muchos de estas áreas protegidas, además de ser santuarios naturales, también albergan muchos delincuentes que no solo destruyen sino que se apropian de un recurso escaso, patrimonio de la humanidad y que es de todos los colombianos. Es inadmisible que siete mil hectáreas de los parques estén colonizadas por coqueros y que casi 100.000 vacas pasten en territorios que deben ser preservados.

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