Las pensiones no pueden seguir en el limbo

La desidia de los congresistas de la legislación anterior ha provocado que el régimen pensional colombiano se encuentre en un limbo jurídico. Este escenario se erige como un monumento a la desorganización y a la falta de tacto con que el gobierno saliente gestionó unas reformas sociales estructurales que debieron llevar al país a otro nivel de desarrollo. Sin embargo, no fue así. Las reformas a la salud, las pensiones y el régimen laboral resultaron ser auténticas chapuzas que solo incubaron una incertidumbre generalizada, afectando tanto a los beneficiarios como a los actores del sector productivo que participan en la salud, la protección a la vejez y la contratación formal.

Actualmente, el régimen pensional sigue operando bajo el marco normativo de la Ley 100 de 1993. Esto se debe a que la Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 debido a notorios vicios de trámite en el Congreso. No obstante, algunos artículos provisionales de la reforma de Gustavo Petro alcanzaron a aplicarse, desnudando de inmediato las falencias estructurales del sistema tradicional.

Un claro ejemplo es la persistente seducción que ejerce Colpensiones sobre los cotizantes debido al esquema de subsidios estatales. Hace pocas semanas concluyó la ventana de oportunidad para el traslado de régimen y las cifras oficiales hablan por sí solas: la búsqueda de altos subsidios pensionales sigue dominando la tendencia en el mercado local. Durante dicho proceso, solo unos 9.000 ahorradores optaron por trasladarse del fondo público hacia las administradoras privadas. Esto demuestra que un sector de la población prefiere mantener su autonomía y los beneficios del ahorro individual, en lugar de someterse al monopolio estatal.

Por el contrario, más de 150.000 personas migraron desde los fondos privados a Colpensiones. Dicho fenómeno acentuó una tendencia histórica que se incrementó sustancialmente cuando la pasada administración arremetió contra las cuentas de ahorro privado.

Este éxodo masivo ignora los beneficios que los fondos privados ofrecen a trabajadores independientes y autónomos que buscan libertad para gestionar su capital, sin tener que esperar a que el Estado multiplique y condicione sus recursos al cumplimiento estricto de 1.300 semanas de cotización y edades de 57 o 62 años, según el género. Ante esta realidad, la nueva ministra de Trabajo y su colega de Hacienda tienen la prioridad absoluta de estructurar un nuevo proyecto de ley que corrija los errores de la reforma derogada o suspendida.

Esta iniciativa, idealmente radicada antes de que finalice agosto, debe revisar a fondo el sistema de pilares y modificar de forma prioritaria las edades de jubilación. Debido al incremento en la expectativa de vida, los avances científicos y los hábitos saludables, postergar el retiro laboral un lustro se ha convertido en una necesidad demográfica y fiscal.

Al llegar a las edades actuales de jubilación, un número significativo de colombianos prefiere continuar activos en el aparato productivo de las empresas. En el panorama internacional, Colombia se mantiene como uno de los países miembros de la Ocde que jubila a su población de manera más temprana. Para alinearse con estos estándares internacionales, la propuesta de contrarreforma pensional de Abelardo de la Espriella plantea una transición gradual. Abordar el sistema desde una perspectiva técnica y de sostenibilidad garantizará arcas nacionales estables.