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Colombia necesita un revolcón en muchas de las prácticas electorales a las que el tiempo les está pasando la cuenta de cobro, lo más clave tiene que ver con las encuestadoras
Una de las hipótesis más frecuentes en los estudios políticos es si las encuestas determinan el voto de los electores o son las ideas y las propuestas de los candidatos, pues los partidos políticos han empezado a perder vigencia en todas las democracias. Los estudios de opinión pública han reinado en las contiendas electorales desde 1936, cuando George Gallup elaboró una encuesta muy pequeña con bases científicas a partir de muestras demográficas representativas; todo para demostrar que el Literary Digest estaba equivocado pues utilizaba una muestra de 2,3 millones de votantes simpatizantes del Partido Republicano. Gallup no solo predijo la victoria de Roosevelt, sino que se desarrolló toda una industria de estudios científicos para auscultar lo que piensa y hace la gente en consumo masivo. Pero la influencia que tienen las encuestas en los electores aún no ha sido estudiado en profundidad, menos en Colombia, en donde los partidos han capturado firmas de estadística y los sondeos de medios de comunicación, a través de las redes sociales, son de uso indiscriminado para favorecer candidatos.
La autoridad nacional que debe regular las encuestas y los sondeos electorales es el Consejo Nacional Electoral, oficina compuesta por magistrados que salen de partidos políticos y que tienen la tarea constitucional de regular y regir los procesos electorales en el país. El mundo ha cambiado, hay nuevas tecnologías, generaciones nativas digitales y novísimas prácticas en los medios de comunicación, en donde se apalancan los políticos para ganarse el favor de los electores, situación que obliga a las autoridades electorales a actualizarse y lo primero que se debe hacer es traer las normas a valor presente, pues los electores deben tener acceso a herramientas que les permitan votar mejor y consolidar la democracia más antigua de Iberoamérica. No hay razón para que en Colombia no se puedan publicar encuestas 24 o 48 horas antes del inicio de los comicios y se imponga una veda obsoleta de una semana.
La veda se refiere a que el límite permitido para publicar una encuesta es ocho días antes de la elección. Para ello, el trabajo de campo debe hacerse una semana antes, es decir, la última foto que se conoce antes de las votaciones corresponde a los 15 días anteriores. El Consejo Nacional Electoral está obligando a los electores a estar vendados en la etapa final de las elecciones, es una suerte de quitarle la voz al ciudadano y derecho de los demás de saber qué está pensando la gente para tomar una decisión. Y como medios de comunicación, es coartar la libertad de expresión y de informar.
Hay que tener en cuenta que una encuesta que se hace 15 días antes de las elecciones tiene una probabilidad menor y los datos desinforman sobre lo que realmente ocurre con la intención de voto. Suprimir la posibilidad de hacer investigación en las últimas dos semanas de la carrera electoral e impedir que se publiquen no es coherente con las corrientes de las nuevas tecnologías. Colombia debe modernizarse en su sistema electoral y tiene que comenzar con permitir que las empresas que estudian la opinión pública puedan, no solo hacer su trabajo, sino dar a conocer los resultados para que los electores puedan votar con dicha información. En tiempos de redes sociales e instantaneidad no se puede seguir prohibiendo publicar encuestas una semana antes de las votaciones
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