La minería vive un panorama desalentador

Colombia vive una verdadera emergencia como consecuencia de la explotación minera ilegal, que cada día se expande por el territorio nacional, ante la incapacidad de las autoridades para frenar su avance. Lo ocurrido en las inmediaciones de Santander de Quilichao es solo una comprobación de la situación y que solo se hace pública cada vez que ocurre una tragedia como esta en la que por lo menos 20 personas perdieron la vida, luego que ocurrió lo mismo con cuatro campesinos y hubo 90 intoxicados en Buriticá. En este año han sucedido al menos 25 accidentes en distintas regiones del país.

La respuesta de las autoridades encargadas del asunto es la misma: después de la tragedia, la Defensoría del Pueblo pide mayor acción del Estado, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera afirman que se había venido haciendo las advertencias sobre los altos riesgos para la vida humana por la explotación ilegal de los recursos en la zona y la policía denuncia que hace unos días pretendió hacer un operativo, pero que los campesinos y mineros asentados allí, impidieron el decomiso de la maquinaria y la salida de los trabajadores.

A renglón seguido se anuncia, una vez más,  que el Gobierno de la mano con autoridades locales, viene implementando una estrategia integral para combatir este tipo de minería, que incluye un programa de formalización minera y de combate a la minería criminal. En los términos anteriores, la situación de la minería es grave y paradójica. Por un lado, el control sobre la minería ilegal es muy pobre y cada vez es más evidente la vinculación de las bandas criminales y el narcotráfico a la extracción minera en tanto que la actividad formal de las empresas no es la más afortunada por el acoso de la inseguridad, los conflictos laborales y el ánimo pendenciero de los organismos de control. Por parte de las autoridades del sector no hay una actitud contundente y clara que muestre que en efecto la actividad es considerada realmente como una locomotora del desarrollo y que el tema no es solo una promesa política o para hacerla efectiva en los discursos. 

En buena parte como resultado de ese panorama, en el país no ha entrado en operación en las dos últimas décadas ningún proyecto importante y los que están en prospecto en departamentos como Santander, Tolima y Antioquia, siguen en la antesala burocrática y la presión de un fundamentalismo ambiental egoísta y populista. El país se expone a que sus recursos naturales sigan enterrados y que la inversión extranjera tome otros rumbos si no hay una definición clara en la materia por parte de este y el próximo gobierno y mientras tanto la minería ilegal seguirá haciendo de las suyas.