viernes, 20 de noviembre de 2020

El invierno está mostrando su peor cara, no solo por la destrucción de Providencia, sino porque nuevamente brilla por su ausencia la prevención y la acción ante la adversidad

EditorialLR

Durante los meses de invierno siempre se esperan tragedias derivadas de las intensas lluvias, desbordamiento de ríos, derrumbes, avalanchas, daño en la infraestructura, retardo de las obras públicas y lamentables pérdidas humanas; más si es época cuando se presenta el fenómeno de la Niña marcada por excesos climáticos.

En cambio, en los meses de verano -acentuados cada dos años por el Niño- las noticias llegan de la mano de la sequía que afecta los cultivos y las explotaciones ganaderas, al tiempo se torna tema de gran preocupación el nivel de los embalses y los rumores de racionamiento eléctrico con la consecuente disparada del precio del kilovatio por hora. Lo curioso es que en Colombia no hay término medio y se carece de toda capacidad de prevención y acción, que no es una cosa distinta en aprovechar la temporada de vacas gordas climáticas para enfrentar con eficiencia la ineludible llegada de las vacas flacas.

Hay unos penosos hilos conductores entre las dos estaciones o situaciones problema: una lluviosa y otra de sequía, que es el lamento, la tragedia, la fragilidad, la destrucción y la búsqueda de culpables en situaciones climáticas que no tienen responsables directos, pero sí instituciones y personas encargadas de prevenir y actuar cuando el tiempo la permite. Los Planes de Ordenamiento Territorial son una plataforma institucional para prevenir tragedias en los 1.200 municipios del país. Los alcaldes y concejales deben actualizar estas herramientas ya, y hacer valer la ley para erradicar viviendas y familias en zonas de riesgo.

La historia se repite siempre. La decisión de construir casas de dos pisos en Providencia no debe responsabilidad de sus pobladores, sino de las autoridades municipales que les debieron dar licencias de construcción basadas en el POT sin privilegios ni componentes de corrupción. Lo mismo sucede en las zonas ribereñas de los ríos en donde no debe haber asentamientos humanos por la peligrosidad de la ubicación. Tampoco se deben construir casas a menos de 50 metros de las vías carreteables. La norma existe, pero no hay manera de que las autoridades la hagan cumplir esa responsabilidad histórica.

Las intensas lluvias siempre pondrán a prueba la capacidad institucional de prevenir y actuar, también la racionalidad de las personas quienes desoyen las llamadas de alerta e incluso se enfrentan a las autoridades cuando éstas actúan en desalojos definitivos o preventivos. Ahora hay más herramientas informativas y tecnológicas para sensibilizar a las comunidades y hacerlas entrar en razón de que alcaldes y concejales tienen la responsabilidad y obligación de estudiar y aprobar en dónde viven y cómo deben ser sus viviendas.

Es de esperar que la temporada de lluvias tarde varias semanas más, tal como se había previsto; como también es de esperar que estas serán las últimas tragedias invernales porque el país va a aprender a prevenir y actuar. Es urgente que cada alcalde local asuma la responsabilidad de planear sus municipios y que no se siente a esperar que ocurra una tragedia para acudir en ayuda gubernamental y a despertar la solidaridad privada para atender su imprevisión. Hay que hacer de esta crisis invernal una oportunidad para planear, reconstruir y curarse de nuevas tragedias. El Gobierno Nacional así lo ha entendido y está actuando en consonancia.

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