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La medida busca enfrentar la crisis prosuctiva e incluye la compra y distribución gratuita del cereal a población vulnerable
El Gobierno del Perú aprobó un paquete extraordinario total de 170 millones de soles, casi US$50 millones al cambio de hoy, para enfrentar la crisis que afecta a la cadena productiva del arroz. La medida incluye la compra y distribución gratuita del cereal a población vulnerable, así como recursos para infraestructura de riego y apoyo a productores golpeados por la sobreoferta y el incremento de costos de producción.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 005-2026, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a ejecutar una transferencia de hasta S/ 120 millones destinada a mitigar el impacto económico que enfrentan principalmente pequeños productores de la agricultura familiar.
El objetivo es preservar la actividad productiva y reducir los riesgos asociados al deterioro de la rentabilidad de los agricultores.
Como parte del programa, el Midagri podrá adquirir arroz para distribuirlo gratuitamente entre personas en situación de pobreza y pobreza extrema de distritos focalizados, definidos según el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
La iniciativa busca atender simultáneamente dos frentes: aliviar la situación económica de los productores afectados por la sobreoferta y contribuir al abastecimiento alimentario de los sectores más vulnerables.
Para su implementación, el ministerio deberá aprobar en un plazo máximo de diez días hábiles los lineamientos operativos, incluyendo criterios de focalización, entidades receptoras y mecanismos de distribución.
Además de los recursos destinados a la cadena arrocera, el decreto autoriza una transferencia adicional de S/ 50 millones para financiar actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor.
Los trabajos serán ejecutados mediante núcleos ejecutores en distritos declarados en estado de emergencia, con el objetivo de reducir los impactos de lluvias e inundaciones sobre la actividad agrícola.
Según el Gobierno, estas intervenciones permitirán fortalecer la capacidad operativa de la infraestructura hídrica utilizada por pequeños productores en distintas regiones del país.
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