jueves, 8 de octubre de 2020

Uno de los componentes más olvidados en la economía es el estado de credibilidad y eficacia de la justicia como elemento dinamizador y garante de que todo esté sobre la mesa

EditorialLR

En el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, Colombia ocupa el puesto 77 entre 128 países, lo que es solo la punta del iceberg de las reformas pendientes que necesita el país en materia de justicia penal, control de la corrupción y preservación del orden público, los tres componentes en que se exhibe el peor desempeño.

Lo anterior es parte del diagnóstico que hace la Corporación Excelencia en la Justicia, una organización que desde hace más de dos décadas promueve la “independencia, la seguridad jurídica, la probidad y la idoneidad de los operadores jurídicos de todo nivel, así como a propender por las buenas prácticas en el ejercicio del derecho, a velar por la transparencia en la elección de los altos dignatarios del sector justicia y a la exigencia de su rendición de cuentas y el debido ejercicio de sus funciones”.

En materia de justicia, la Corporación se ha convertido en el centro de pensamiento líder por crear espacios para discutir propuestas concertadas de reforma a la justicia y en ocasiones ha intervenido la agenda legislativa en esta misión de sensibilizar sobre las deficiencias y los retos de esta materia. Una labor ingente, pues el estado de la justicia en Colombia es de gran preocupación por su politización y baja credibilidad. “A pesar de los múltiples esfuerzos por fortalecer su sistema judicial, los indicadores de justicia demuestran que resta un amplio camino para la consecución de un sistema judicial con estándares de excelencia”.

Las cifras hablan por sí solas: “durante 2019, por cada 10 procesos que entraron efectivamente a la rama judicial se evacuaron aproximadamente ocho, los dos restantes terminaron en inventario; por tanto el sector cerró ese periodo con un inventario total de 1,9 millones de procesos. La mora judicial constituye la principal barrera de acceso a la justicia en el país y configura una puerta de entrada al fenómeno de la impunidad. Actualmente, 74% de los procesos que cursan su trámite en el Sistema Penal Acusatorio es archivado, en mayor medida por imposibilidad de identificar a la víctima o al victimario de la conducta”.

Es dramático saber que solo 5% de las diligencias en la justicia penal culmina en sentencia judicial; “con relación al tiempo procesal para la resolución de un proceso en particular, por ejemplo un proceso por homicidio, este puede tardar, en promedio, entre tres y cinco años para culminar en una sentencia en juicio oral, sin contar que la Fiscalía pierde aproximadamente seis de cada 10 procesos”. Es un panorama desolador que obliga al nuevo ministro de Justicia, Wilson Arias, a liderar una verdadera reforma a la justicia que ponga el país en otro nivel de seguridad y confianza para todos.

Hay compromisos internacionales que obligan al país a avanzar en justicia e institucionalidad, pero no hay voluntad por parte de sus jugadores en autorreformarse. No es de perogrullo afirmar que todavía estamos en deuda frente a la satisfacción de los compromisos como miembros de la ONU y de la Ocde, adquiridos, para fortalecer la justicia y su acceso a ella con confianza y credibilidad. Puede ser lapidario decirlo, pero un país que ni cree en su justicia es poco viable y mucho menos brinda la seguridad jurídica que se necesita para progresar, invertir, pagar impuestos y actuar al amparo de la ley. Ojalá, se pueda avanzar al menos en sensibilizar sobre los problemas como lo hace la Corporación Excelencia en la Justicia.

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