Hay que legislar contra bloqueos y vandalismo

Colombia tal vez fue el único país que logró empatar la larga pandemia, sus encierros, las cuarentenas, los contagios y las muertes derivadas del coronavirus, con una ola de protestas, bloqueos y vandalismo. Un récord mundial tristemente célebre que ha hecho retroceder la economía en mayo, luego de un buen comienzo entre enero y abril.

Esas paradojas siempre llevan a que el país esté dos o tres pasos atrás en todos los de la Ocde. Las protestas se desataron aparentemente por una reforma tributaria inoportuna que buscaba financiar las cuentas de la pandemia y la recesión por unos $23 billones, pero tras la destrucción, las muertes, las interrupciones, los bloqueos y un enorme pliego de peticiones al Gobierno Nacional, las ayudas, subsidios y planes de recuperación con dinero público superan los $80 billones que saldrán de los mismos contribuyentes de siempre: asalariados y empresas.

Si la ola de protestas, que se ha extendido por cerca de dos meses, no hubiese estado acompañada de muerte, bloqueos, vandalismo y destrucción, el país ya habría recuperado el ritmo de crecimiento y mayo hubiese sido un buen mes.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, contabilizó 3,79 millones de personas desocupadas durante el quinto mes del año, con lo que la tasa de desempleo fue de 15,6%, resultado, que a pesar de todo el caos, significó una reducción de 5,8 puntos porcentuales frente a la cifra registrada en mayo del año pasado, cuando la tasa ascendió a 21,4%.

Un total de 902.000 personas salieron de la situación de desempleo frente a 2020; sin protestas, ni bloqueos de vías, quizá, la cifra hubiese sido mucho mejor y los resultados se empezarían a ver en el recaudo tributario, que a la postre es el más afectado, pues la actividad comercial y empresarial se detiene.

El problema para el segundo semestre que entró en pleno es que los bloqueos de vías, el vandalismo y la destrucción generalizada de inmobiliario público no siga atemorizando a los empresarios y comerciantes que no han podido reactivarse por las fuertes olas de violencia.

Ya la población tiene la esperanza de un plan de vacunación en marcha y cada vez son más los colombianos con las dos dosis, pero el temor ahora se ha desplazado hacia la creciente ola de vandalismo que debe ser frenada. Para solucionar el problema de tajo y no vivir capturados por el miedo y la desilusión, el Congreso de la República debe actualizar las leyes vigentes en materia de vandalismo y el poder judicial aplicar los castigos contra quienes destruyen la infraestructura e impiden el normal desarrollo de la actividad económica. Más aún contra quienes atentan contra el derecho constitucional de la propiedad privada.

El presidente Duque lo ha dicho: quienes promueven esas prácticas vandálicas, no pueden pasar impunemente, como si nada pasara. Ese orden legal lo ha puesto en práctica en las dos últimas semanas la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, que con gran eficiencia ha mostrado resultados en las regiones contra vándalos y personas vinculadas a asesinatos durante las protestas.

El crecimiento económico es una consecuencia directa de la seguridad y el orden, sin esos dos elementos no hay avances en pos del bienestar social y el desarrollo. El país debe caminarle a endurecer las penas contra el vandalismo, los bloqueos y la destrucción del inmobiliario público.