Es ilógico pensar en una tributaria de $70 billones

Bajo la administración de Iván Duque se hicieron tres reformas tributarias que tenían un recaudo estimado de unos $31,5 billones durante todo el cuatrienio; es el gobierno que más iniciativas ha presentado de los tres o cuatro últimos presidentes. Si el ejercicio parte de más atrás, para la tributaria de 2014 de Juan Manuel Santos se esperaba un recaudo de $12,5 billones para el primer año y de $7,1 billones con la de 2016; por tanto y partiendo de la experiencia y lo que dicta la historia reciente, es ilógico decir que habrá una tributaria durante el arranque del gobierno de Gustavo Petro de $70 billones, incluso de $50 billones.

La cifra no solo es irreal, partiendo de que el recaudo total anual es de $120 billones y que el presupuesto de 2023 puede ascender a $380 billones, sino distópica sacada del resentimiento de la oposición al modelo económico. Al oír las cifras del exsecretario de Hacienda de cuando el Presidente electo fue alcalde de Bogotá, Ricardo Bonilla, no queda más que decir que ahora son administración nacional y que el sector productivo y las personas naturales contribuyentes de siempre han entrado en pánico sobre los números. Le queda al próximo Ministro de Hacienda trazar los hilos fundamentales de la nueva reforma tributaria que ojalá sea estructural y que le evite al país el desgaste anual de tener que discutir más tributarias que mantienen al país en la franja de baja competitividad en materia de impuestos, pues la inseguridad tributaria cabalga sobre la incapacidad de las autoridades económicas de sensibilizar sobre el pago de impuestos. Máxime aún cuando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó el Gobierno saliente está en deuda, que si bien las cuentas fiscales han mejorado gracias a los altos precio del petróleo, buena parte de estos ingresos extras deberá destinarse a ahorro, en vista de que son extra a lo esperado por el Gobierno inicialmente.

En pocas palabras, la “olla sí está raspada”, que es el decir de todos los ministros que hacen el empalme y que la labor es enderezar las cuentas con una buena tributaria, pero sin cifras alarmantes. De aquí al 7 de agosto es muy difícil que el Gobierno entrante pueda radicar una reforma estructural, deberá esperar a que las comisiones económicas se conformen, a medir las fuerzas en el Congreso y a sensibilizar las ideas con los gremios, los empresarios y las regiones. Una cosa es hablar de impuestos como factor de oposición política al modelo económico vigente de libre mercado, y otra muy distinta es hacer los ajustes necesarios para acabar de una vez por todas con la “colcha de retazos” en que se convierten las tributarias y que solo engrosan un obsoleto estatuto de más de mil artículos -algunos sin reglamentar- que se le han ido colgando al sistema impositivo colombiano, que carga siempre impuestos a las empresas y asalariados.

Quien sea el Ministro de Hacienda que se posesione el 7 de agosto, deberá tener una hoja de ruta para enfrentar el déficit fiscal esperado para este año (5,6%), que no tiene en consideración el déficit por pagar que se generará en 2022 por concepto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, solo lo suma hasta marzo, una verdadera bomba de tiempo que hay que controlar, pues tratar de manejarla subiendo los combustibles generaría un estallido social idéntico al ecuatoriano que obligó al gobierno a bajar la gasolina. Es tiempo de mesura y de no echar cifras al aire.