Empezar a discutir el salario mínimo

Con la entrada del penúltimo mes del año llega a la agenda pública la discusión del salario mínimo, una polémica que año tras año tiene los mismos ingredientes que bien se deben recordar: el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo no es más que un árbitro entre los trabajadores y los empresarios, en lo se ha llamado “discusión tripartita”. Por lo general, la autoridades económicas recomiendan aplicar para el alza la tasa de inflación proyectada para el año nuevo más un punto de productividad.

Los trabajadores -representados en los sindicatos o centrales obreras- por lo general hacen peticiones que doblan la inflación del año que termina y le suben uno o dos puntos, y finalmente el empresario, quien es el que paga los salarios, propone la inflación causada y argumenta la pérdida de competitividad por un alza desmesurada del pago mensual que involucra subsidio de transporte de $77.700.

Así ha sucedido durante las últimas tres décadas y cuando los empresarios no se ponen de acuerdo con los trabajadores, el Gobierno Nacional fija el salario mínimo por decreto, teniendo en consideración los datos claves de la macroeconomía, tales como el crecimiento real, la inflación, la devaluación de la moneda local y la misma tasa de desempleo. En estos tiempos lo que más se olvida en esa importante discusión es que el salario mínimo es la unidad de medida de muchos pagos como las sanciones de transito, por ejemplo. Casi todo lo judicial o penal va tasado en salarios mínimos legales vigentes. Los dos o tres últimos años esa discusión ha sido especialmente difícil porque la meta de inflación fijada por el Banco de la República no se ha cumplido y los salarios se han reajustado por debajo del costo de vida, generando menor poder adquisitivo.

El año pasado el Gobierno Nacional tuvo que decretar el salario con un alza de 7%, que representó un SMLV de $689.454 más los $77.700 para el transporte sumó $767.154; el punto de discusión ahora es que la inflación está muy cerca de 7% y que nuevamente ese dinero no alcanzará para mucho. Y si a esta discusión se le suman las implicaciones de la reforma tributaria que analiza la posibilidad de subir el IVA de 16% a 19%, se tendrá que el verdadero poder adquisitivo de muchos colombianos se verá afectado por los precios altos y los ingresos bajos.

La discusión del salario mínimo debe modernizarse y analizar esta medida y su impacto en cada uno de los  sectores económicos, pues no es lo mismo la actividad del sector constructor que la comercial o petrolera. En varios países no hay tal discusión ni se unifica la unidad de medida SMLV, se mira más la competitividad de cada sector. Los $767.154 cambiados a un dólar a $3.000, para mirar su efecto competitivo de cara a las exportaciones, sube a US$255, una remuneración que solo se puede comparar en cada sector, pues no es válido el ejercicio.