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EDITORIAL El síndrome de ampliar la cédula al 150%
viernes, 16 de julio de 2021

La Ley Antitrámites no ha llegado a muchas dependencias públicas que siguen en la era de las fotocopiadoras, las autenticaciones y muchos más requisitos obsoletos en los días digitales

LR

En los casi mil artículos del Estatuto Tributario colombiano, reposan todos los micos que los congresistas y los lobistas le han metido a las reformas tributarias. Al punto de que muchas de esas leyes nunca se reglamentaron y hoy hay capítulos enteros obsoletos que nunca vieron la luz del día. Una simple muestra de que el santanderismo nacional deja su ADN en cada una de las acciones diarias, no solo en la elaboración de leyes, acuerdos, ordenanzas, normas, circulares y decretos, sino en los procedimientos rudimentarios que se llevan a cabo a diario en las dependencias públicas. Es muy colombiano inventarse requisitos inócuos como pedir fotocopias, llenar formularios, exigir documentos auténticos y atormentar a los ciudadanos con solicitudes tan absurdas como el síndrome de la cédula ampliada al 150%.

Hace un año que la Ley Antitrámites se hizo realidad, pero esta no se ha puesto en práctica y las dependencias públicas siguen pidiendo papeles innecesarios que van directo a la basura y cuyo único objetivo es molestar a la gente. Las superintendencias deben tomar cartas en el asunto y revisar los procedimientos de sus vigilados. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera debe ayudar a los bancos en la adopción de la digitalización de muchos procesos para que la banca digital sea una realidad. Ya dio un paso enorme al permitir que en las sucursales bancarias los cuentahabientes puedan usar su teléfono celular, pues era absurdo que prohibieran los móviles cuando el grueso de las operaciones se realizan por este medio. Pero en donde más se abusa de las personas que necesitan hacer trámites es en las distintas dependencias públicas de transporte o movilidad. La inteligencia artificial y el cruce de las bases de datos no ha llegado a muchas secretarías de tránsito que siguen torturando pidiendo fotocopias y autenticaciones sin necesidad. Incluso, algunos alcaldes y gobernadores se niegan a avanzar a la cuarta revolución industrial y prefieren contratar a miles de supernumerarios para revisar, firmar y volver a revisar procedimientos que deberían ser más expeditos. Es más: muchos devuelven papeles para ser autenticados en notarías, otras de las instituciones obsoletas que le pasan la cuenta de cobro a la productividad y competitividad del país.

El síndrome de la ampliación de la cédula al 150% se ensaña más con las personas menos preparadas, de menor escolaridad, que son acosadas con papeleos inventados por asesores, secretarias y vigilantes, quienes no dejan avanzar la ley antitrámites, generando malestar contra los gobiernos. Lo peor es que a quienes se les ha dado ese rol de vigilancia y control, como son las superintendencias, no cumplen con sus funciones y dejan que cualquier funcionario se invente requisitos mandados a recoger por el Congreso.

Vale la pena recordar que la Ley Antitrámites eliminó solicitar documentos que reposan en la misma entidad, por ejemplo: cédula, licencia de conducir, carnet de EPS, Soat, revisión tecnomecánica, entre otros, que ya son digitales; también comprobar la presentación de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración, pues debe haber un historial. Rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores de citas, de ortografía, de mecanografía, aritméticos o similares. Debe haber toda una cruzada por hacer cumplir esta ley, para que no se queda en letra muerta.

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