El oro, el gran olvidado de la economía

No es tan difícil desbloquear uno de los recuerdos más entrañables de la historia económica colombiana: a los pobladores precolombinos y a los conquistadores -hace 500 años- los unía la misma pasión, el oro. Al punto que la búsqueda de “el dorado”, era realmente el móvil para vadear ríos e internarse en selvas y montañas, de paso fundando el grueso de los pueblos y ciudades colombianas.

La historia del país siempre ha estado vinculada al oro, pero no reconoce ese pasado y hoy esa explotación está, casi en su totalidad, entregada a la minería ilegal que controlan las bandas del narcotráfico camufladas como grupos guerrilleros.

La noticia económica por estos días en los mercados mineros es el precio récord que está alcanzando el mineral precioso de US$4.000 por onza, un hecho que se conjuga con la fuerte devaluación del dólar, la incertidumbre internacional, el repunte del barril de petróleo, la creciente demanda de celulares, carros eléctricos y muchos otros artefactos de alta generación que tienen que ver con partículas de oro, sin olvidar que el mineral es considerado siempre un activo refugio por excelencia, lo que le abre oportunidades a Colombia, que siempre ha vivido de espalda a la minería.

De acuerdo con las cifras del Banco de la República, el país produce 67 toneladas de oro, que valen en el mercado externo US$3.910 millones, lo que por precio, no por cantidad, hace del metal precioso uno de los mayores productos de exportación.

Las reservas de oro son inexactas, muy lejos de las probadas en Venezuela, Brasil o Perú, países que cuenta con controles estatales a la minería ilegal y mercados oficiales que estandarizan y normatizan dicha economía, situación que no existe en Colombia, donde la explotación y el grueso de la comercialización está en manos de los barones de las economías subterráneas.

Es tan poca la cantidad de oro que exporta Colombia que todo el producido anual puede salir en cuatro camiones de 20 toneladas, de allí, a que el mineral esté asociado al contrabando, al tráfico ilegal y de armas, además que a todas las actividades ilícitas.

Lo único normatizado en el país es que las reservas de oro del Banco de la República son una parte de las reservas internacionales, se presentan en toneladas, pero los gobiernos locales y regionales no cuentan con ninguna injerencia en esta actividad.

Lo más curioso de la paradoja del oro es que en todos los departamentos hay conflictos derivados de la minería ilegal; en muchos municipios hay actividad de explotación ilegal en ríos y quebradas con maquinaria pesada, y en las grandes ciudades hay sectores comerciales vinculados directamente con el oro.

Es un imperativo que las autoridades económicas diseñen, de la mano de los departamentos, políticas públicas que controlen la explotación y comercialización de oro, y de paso, encuentren las explicaciones a las olas de violencia ligadas al oro.

Ahora que la onza está por encima de los US$4.000 lo más probable es que se dinamice la minería ilegal, aumenten las muertes y los dólares de esa explotación se sigan tiñendo de sangre.

Colombia debe aprender de Canadá, Brasil, Perú e incluso de República Dominicana, las políticas públicas y económicas del oro, para que esta actividad no se entregue a los ilegales, sino que sea un pilar de las regiones que históricamente han tenido que ver con este metal precioso.