El gas venezolano es crucial

Como nunca antes, Colombia enfrenta graves problemas de abastecimiento de gas y, por consiguiente, altos precios en el combustible bisagra de la transición energética. Todo esto ocurre porque la producción local ha caído como consecuencia de la ideologización de los sectores extractivos durante los últimos cuatro años. El agotamiento de las reservas y las trabas en los nuevos proyectos enrarecen el panorama.

Frente a esto, la solución tomada por el Gobierno Nacional es revivir el proyecto del gasoducto Antonio Ricaurte como una alternativa estructural al problema, máxime ahora que la situación en Venezuela parece estabilizarse. Este gasoducto se convierte en un megaproyecto crucial para el Ejecutivo y sus ministros. Inaugurado en 2007, tiene una extensión de 225 kilómetros -88 de los cuales están en territorio colombiano y 137 en Venezuela-, conecta La Guajira con la región del Lago de Maracaibo y representa la ruta lógica para este energético vital. Su reactivación permitirá incorporar gas venezolano al Sistema Nacional de Transporte para su distribución en el país, con una capacidad de transporte de hasta 450 millones de pies cubicó diarios.

Al respecto, Ecopetrol ha señalado que “el proyecto podría contribuir a un suministro de gas a precios más competitivos para los hogares y la industria colombiana. El gas natural importado por vía marítima debe licuarse para su transporte en buques y regasificarse al llegar al país, procesos que incrementan su costo final. La importación por gasoducto desde Venezuela permitiría prescindir de esas etapas y de sus costos asociados”.

Realmente, esta era una de las noticias más esperadas por la industria y los 20 millones de usuarios en los hogares colombianos; ahora la gran pregunta es cuánto tardará en hacerse realidad. Los analistas más optimistas hablan de 24 meses, un plazo que parece corto para semejante empresa. Ya en marzo, el Gobierno había contemplado esta posibilidad luego de que las decisiones de Estados Unidos flexibilizaran las condiciones de negociación y exploración de la estatal Pdvsa con otras petroleras.

El agotamiento de antiguos campos importantes, especialmente en La Guajira, hace que el gasoducto Antonio Ricaurte sea una solución expedita a una crisis que amenazaba a varias industrias, obligando al país a incrementar la compra de gas externo para cubrir más del 35% de la demanda local. El proyecto binacional podría costar unos US$30 millones y tardarse poco más de dos años, tiempo propicio para normalizar las relaciones comerciales entre ambas naciones y garantizar un suministro valioso para los próximos años.

Esto no significa que Colombia deba olvidarse de la exploración y explotación de su propio recurso gasífero, un sector donde seguramente vendrán nuevos aires representados en inversiones costa afuera (offshore). Son tres las buenas noticias que recibe el sector gasífero colombiano: la primera es la intención de acelerar el gasoducto binacional; la segunda, los intensos trabajos para destrabar el proyecto Sirius (antes Uchuva); y la tercera, de carácter más global, la expectativa de que el panorama geopolítico internacional se estabilice e impacte positivamente los precios globales de la energía.

Los negocios no se hacen con pesimismo y no es ciencia ficción afirmar que soplan mejores vientos para el suministro de gas; ahora el reto consiste en analizar y hacer prospectiva sobre el costo con el que llegará el combustible. Todo dependerá de las inversiones y de la demanda global, factores que, al final del día, determinarán cuánto pagarán las empresas y las familias colombianas por el servicio.