No afectar el consumo de final de año

La discusión en el Congreso de la República del proyecto de Ley de Ajuste Fiscal -también denominado Ley de Rescate Económico-, el cual incorpora una profunda reforma tributaria, plantea un panorama de transición regulatoria de cara a su entrada en vigencia prevista para 2027.

Al postergarse su aplicación práctica hasta dicho periodo, los agentes económicos del comercio y la hostelería carecen de justificación legal para indexar o incrementar los precios de los bienes y servicios demandados en las festividades de fin de año. Por tanto, las tarifas en los sectores de hotelería, bares y restaurantes deben responder estrictamente a las dinámicas ordinarias del mercado y no a presiones impositivas anticipadas.

La evidencia estadística sectorial indica que la variación del índice de precios durante el último bimestre debería alinearse con la tendencia de estabilización observada a lo largo del año. Esto se traduce en una moderación en las divisiones de gasto de mayor impacto en el costo de vida, tales como alimentos, servicios públicos y transporte. Ante cualquier desviación injustificada, los organismos de control y vigilancia del Estado están llamados a ejercer un monitoreo estricto para mitigar la especulación y aplicar con rigor las sanciones contenidas en el Estatuto del Consumidor.

Tras el relevo gubernamental ocurrido en agosto, la presentación formal de esta iniciativa ante el Legislativo busca despejar la incertidumbre macroeconómica y dar confianza a la inversión privada. La responsabilidad recae ahora sobre las células legislativas del Congreso, que deben adelantar un análisis técnico y riguroso de los nuevos tributos planteados. Es imperativo recalcar que las cargas impositivas en debate no alterarán la estructura de costos de la actual temporada navideña, un periodo históricamente crítico para dinamizar el recaudo y la actividad comercial minorista.

El consumo de los hogares representa aproximadamente 74% del Producto Interno Bruto, consolidándose como el principal motor de la demanda interna y el crecimiento del país. Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de interés de política monetaria en 12,25% tras su reunión de octubre.

Esta postura contractiva busca evaluar el comportamiento del índice inflacionario de fin de año antes de iniciar una fase de flexibilización monetaria que abarate el costo del dinero para el sector financiero y los cuentahabientes durante la próxima vigencia. Paralelamente, la Superintendencia Financiera certificó la tasa de usura para el crédito de consumo en 28,34% para noviembre. Aunque este porcentaje representa un límite elevado para las compras con tarjeta de crédito, denota una corrección a la baja que ayuda a contener los costos de financiamiento en centros comerciales y servicios turísticos.

Con las directrices del Emisor y de Hacienda debidamente trazadas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe liderar planes de estímulo dirigidos a potenciar el turismo local durante el último trimestre. Este esfuerzo institucional requiere una sinergia estrecha con las carteras de Cultura y Deporte, la cual debe estar respaldada por el despliegue operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para consolidar condiciones de seguridad en las regiones.

La reactivación de la confianza del consumidor y del visitante internacional solo será sostenible si las estrategias comerciales se complementan con acciones judiciales y de control territorial contundentes frente a la delincuencia.