El 70-30 que debe funcionarle al Gobierno

El Gobierno Nacional acaba de frenar en seco su luna de miel a menos de 100 días de gestión, un desenlace inevitable al radicar en el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Fiscal (Proyecto 477 de 2026). Esta ambiciosa iniciativa busca cubrir un desbalance financiero estimado en $44 billones para 2027. Bajo una estricta lógica de consolidación, el Ministerio de Hacienda pretende que el grueso del saneamiento provenga de una profunda reingeniería estatal orientada a recortar el gasto público en cerca de $45 billones, equivalente a 2,2% del PIB.

Con este esquema, el Ejecutivo busca pasar la página de la crisis fiscal heredada, prometiendo a cambio una estabilidad jurídica que reduzca la tarifa de renta corporativa de 35% a 33% en 2027, y a 31% desde 2028. No obstante, la ley de ajuste cruza el Rubicón al tocar de manera simultánea los pilares fundamentales de la estructura contributiva: el impuesto a las ventas y la renta de personas naturales.

El mayor foco de resistencia social y económica reside en las modificaciones al IVA y al umbral de tributación para los asalariados. Por un lado, la unificación tarifaria plantea llevar al IVA general de 19% una amplia gama de productos con tratamientos preferenciales previos, tales como el café, el azúcar, los aceites procesados y los licores. Los gremios advierten que esta medida contraerá el consumo doméstico y golpeará sectores clave en la generación de empleo. Por el otro, la reforma reduce drásticamente el umbral para las personas naturales, obligando a declarar y aplicar una retención en la fuente de 9% a trabajadores con ingresos anuales desde los $37,7 millones (aproximadamente $3,1 millones mensuales).

Esta ampliación de la base gravable impacta directamente el bolsillo de la clase media, sumida en un contexto de alto costo de vida. En lo institucional, el rediseño estatal plantea reducir el aparato ejecutivo de 209 a 104 entidades públicas. Este agresivo ajuste implica un recorte de 50% en el costo de los contratos de prestación de servicios profesionales y una contracción nominal de 20% en los gastos fijos de personal.

El sector agropecuario emerge como el ejemplo más elocuente de esta ineficiencia burocrática, dada la sobreabundancia de agencias agrarias y de tierras configuradas desde 2014 bajo los compromisos de paz, cuyos resultados tangibles siguen sin traducirse en un beneficio real para la ruralidad colombiana. Si bien la fusión de carteras y ministerios suele contar con el respaldo inicial de la opinión pública, su viabilidad laboral enfrentará duros reparos legislativos debido al blindaje de miles de funcionarios en carrera administrativa o en retén pensional.

Frente a esta realidad, el debate debe encauzarse hacia la construcción de un Estado mínimo, eficiente y transparente, alejado de la laxitud fiscal de administraciones anteriores. Este proyecto no tiene por qué sepultar el matrimonio con el aparato productivo; por el contrario, debe marcar el inicio de una discusión estructural en la que prime la persecución penal de la evasión y el combate frontal a la informalidad económica.

Aunque los cálculos oficiales proyectan que el ahorro y los nuevos ingresos tributarios mejorarán las finanzas en $51 billones para 2027 y $122 billones hacia 2030, el trámite legislativo arranca cuesta arriba. Lo ideal sería que un ajuste de esta magnitud naciera de un gran consenso social, evitando que la clase media sea la única y triste paganini de mayores tasas de IVA y de una nómina privada asfixiada por el incremento paralelo en las tablas de cotización a la salud.