Más ajuste y menos impuestos

Las cifras con las que el Gobierno Nacional respalda la recuperación de las finanzas públicas propuesta se basan en un 70 % proveniente de un ajuste en el gasto y un 30 % como remanente de otras medidas que incluyen ingresos. El ejecutivo plantea que el 97 % del ajuste fiscal lo pagará el 10 % de las personas con mayores ingresos; sin embargo, los efectos sobre la inflación y la sobrecarga tributaria resultan lamentables, recayendo siempre sobre los mismos contribuyentes.

En este escenario, buscar $90 billones para evitar una crisis fiscal en la que todo el país resultaría perdedor es una tarea sumamente compleja. La fórmula del actual Ministerio de Hacienda pretende que el costo sea asumido por la población de más altos ingresos para lograr tres objetivos: evitar la crisis fiscal, dinamizar el crecimiento económico y, sobre todo, mejorar el ingreso de dos de cada tres personas (aproximadamente 35 millones de colombianos). Además, se proyecta la devolución del IVA de la canasta básica a 19 millones de consumidores.

En cuanto a la reducción del gasto del Gobierno, el plan contempla un ahorro promedio de $50 billones durante el próximo cuatrienio. Para ello, se busca disminuir el gasto operativo ineficiente relacionado con transferencias y fondos públicos atomizados, así como eliminar las rentas de destinación específica. Las medidas incluyen una reducción de más de $8 billones en burocracia, acotar la exoneración de aportes patronales por $5 billones y la venta de activos improductivos -que generarían ingresos extraordinarios por una sola vez- de alrededor de $5 billones, entre otras disposiciones.

Asimismo, se espera que el Plan Nacional de Desarrollo contenga nuevas directrices para reducir el gasto en $15 billones adicionales en promedio por año. Por lo tanto, el Gobierno Nacional debería sincronizarse más con el ahorro estatal, el cual fue su promesa de campaña, en lugar de trasladar una cascada de impuestos indirectos hacia los asalariados y las empresas. Lo ideal sería que los diseñadores de este proyecto de ley lo dividieran en dos etapas.

La primera -que debería denominarse “el gran ajuste”- tendría que concentrarse en la consolidación de un Estado mínimo y altamente eficiente, que contrate a los mejores funcionarios y elimine ministerios, agencias y entidades inoficiosas. En esta fase también podría incluirse la enajenación de activos improductivos y de otros más estratégicos que, de todas formas, se encuentran capturados por intereses particulares, incluso dentro del mismo Estado.

Esta etapa inicial debe acoger todo lo relacionado con el ahorro y la eficiencia institucional. En una segunda etapa, se podrían revisar docenas de los casi 1.000 artículos del Estatuto Tributario para sincronizar el impuesto sobre la renta y las ventas, así como homologar los conceptos de bienes gravados, exentos y excluidos en lo que respecta a los productos y servicios de la canasta familiar. Tal como está planteado, el proyecto de ley golpea el bolsillo de los sectores más vulnerables y de los pilares fundamentales de la economía popular; un grupo poblacional que carece de representación en el Congreso y que verá afectado el poder adquisitivo de su salario mediante un aumento quirúrgico del IVA.

Indiscutiblemente, esta debe ser la oportunidad para gravar las plataformas de venta de productos elaborados en el sudeste asiático, los adictivos juegos de azar con sus apuestas en línea y otras actividades que constituyen la piedra angular de la quinta revolución industrial. Incrementar los impuestos a los bienes y servicios de la canasta familiar, a las bebidas y a los licores, representa un anacronismo calcado en casi todas las reformas tributarias desde hace varias décadas.

Esta debe ser la oportunidad de implementar una estrategia novedosa: un camino que, por fortuna, ya se encuentra en debate en las comisiones económicas del Congreso y que permite avanzar hacia una tributación acorde con la realidad del país.