El Emisor se puede “ecopetrizar”

La historia de las empresas privadas y públicas que han tenido que cerrar tras años de ser obligadas a firmar leoninos pliegos laborales con sus sindicatos es enorme. Solo para nombrar Telecom, Tejicondor, Croydon y Foncolpuertos, entre otras, que son ejemplo de cómo el apetito desmedido de algunos grupos de trabajadores se ensaña con las empresas y las asfixia, llevándolas a la quiebra o su obligatoria disolución. Aún está fresca en la memoria de los colombianos el caso de Avianca y las desmedidas ambiciones de sus pilotos quienes sin causa justa pedían aumento en el salario global de 60%; tiquetes ilimitados para ellos y sus familiares bajo las condiciones de que las rutas sean sin restricción, sin vencimiento de fecha, en clase ejecutiva, con cupo confirmado y con equipaje ilimitado; al mismo tiempo, que Avianca asumiera 100% de la póliza de servicios médicos para sus familiares y que se les redujera 40 horas a su jornada laboral mensual. Si todo esto hubiese pasado sin ir a los medios de comunicación, hoy en día Avianca se sumaría a la lista de empresas quebradas por un grupo de trabajadores que solo buscan beneficios particulares en detrimento del desarrollo empresarial, base de toda sociedad con bienestar.

Ahora se ha destapado el pliego de peticiones del sindicato del Banco de la República, entidad pilar de la economía colombiana e independiente por Constitución. La Asociación Nacional de Empleados del Banco de La República busca modificar su convención colectiva, que rige entre las partes desde hace más de dos décadas, trasladando la cultura de la vieja famosa Unión Sindical Obrera, USO, en contra de la institución de banca central, en donde los salarios se reajustan con la meta de inflación más dos puntos, cuando en el sector público lo hacen con el Índice de Precios al Consumidor pasado más un punto.

Pero eso no es todo, los salarios reales de los trabajadores que integran la convención del Emisor (descontando la inflación) crecieron 22%, al contrario de los del resto de empresas públicas, que lo hicieron a un ritmo de 10%. Un empleado promedio, incluyendo beneficios, gana un porcentaje mucho mayor que sus pares en el sector público y los beneficios de educación y salud son inigualables. Lo más singular de las peticiones es que el sindicato pide distribuir de manera equitativa e igualitaria 10% de las utilidades de 2016 entre los empleados con el propósito de mejorar sus condiciones económicas. Las utilidades del Banco pertenecen al Gobierno y se convierten en dinero de las arcas públicas para inversión social o para atender obligaciones del Estado. Adicionalmente, piden que los trabajadores que no tenga vivienda propia reciban un subsidio de 300 salarios mínimos (Smmlv), unos $234 millones y a los que tengan casa propia, se les dé un subsidio de 150 Smmlv, unos $117 millones, destinado a mejoras o adquisición de una nueva vivienda.

El país político, económico y social debe observar esta situación para estar atentos a su desarrollo, pues la institución económica más admirada y de mayor reputación no puede desangrarse por las peticiones sindicales desproporcionadas. Esta negociación entre la gerencia general del Banco y su sindicato se debe dar de cara al país, alejándose del hermetismo que siempre ha impregnado las cosas en el Emisor. No se puede dejar que esta entidad se “ecopetrice”, haciendo alusión a lo que casi mata a Ecopetrol, el voraz apetito por beneficios de sus sindicatos.