El día del Presupuesto de $557 billones

Hasta hace un par de años Colombia había sido un país administrado -en términos fiscales- bastante ortodoxo, pegado a las reglas que dictan la banca multilateral, el sistema financiero internacional y analizado de cerca por las instituciones calificadores de riesgo. Existía una regla fiscal, un marco fiscal de mediano plazo, discusiones sobre el endeudamiento externo en el Congreso, pero sobre todo, se estudiaba el Presupuesto de cada año entre el Legislativo y Ejecutivo y ambos poderes conciliaban y argumentaban, casi siempre, una reforma tributaria para reducir el déficit, tratar de equilibrar los gastos del Estado y sus siempre menores ingresos.

Casi todo se hizo trizas en los últimos 24 meses cuando la actual administración central decidió no solo flexibilizar la regla fiscal, sino aplazarla para que su problema no fuera alcanzar un déficit tolerable, sino actuar como si no existieran unos mínimos de compromisos con las entidades que prestan dinero y las que aconsejan si los grandes inversores traen sus capitales al país.

Por primera vez en décadas, el Ministerio de Hacienda tuvo que acudir a la figura de dictadura fiscal para decretar el Presupuesto de este año, basado en el del año pasado, tal como lo dicta la Constitución cuando pudiese ocurrir que el Gobierno y el Congreso no se pusieran de acuerdo, con algo tan básico como aprobar un Presupuesto.

Hoy se alcanza la primera quincena de septiembre y en el cronograma de la cartera de Hacienda y de las comisiones económicas, se disponía que se aprobara el monto presupuestal para el próximo año, pero como los congresistas no trabajan los lunes y esa meta no se alcanzó la semana pasada, todo parece indicar que el Presupuesto General de la Nación para 2026 también será decretado, lo que no es otra cosa que el dinero con el que trabajará los últimos ocho meses el Gobierno Nacional, y los cinco primeros del nuevo Gobierno, será el mismo de 2024, la última vez que se aprobó un Presupuesto General.

Esa situación fiscal tiene sus problemas, el principal, es que las necesidades de inversión y de gasto suben con la inflación, mientras que los ingresos se han visto afectados por el bajo crecimiento de la economía y la nube de incertidumbre que se ha posado sobre las decisiones de negocios.

Lo que debe hacer el Gobierno y los congresistas es ponerse de acuerdo sobre el dinero con que se trabajará el último año, no ensuciar el agua que deben tomar más adelante, pues el daño que se le haga a la fiscalidad la tendrá que corregir la nueva administración que no solo debe anticipar la regla fiscal, recuperar el grado de inversión, mejorar el recaudo y adelgazar al Estado; si se le apuesta a seguir deprimiendo las finanzas estatales, el daño puede ser muy grave y no se reparará en una década.

Quizá ese es el juego de muchos responsables, dejar sobre el ambiente la percepción de que no dejaron gobernar o que no dejaron hacer, cuando la realidad es que no supieron conciliar, concertar, trabajar en equipo y con suma ejecución.

El Presupuesto no debe ser tan alto ($557 billones), con unos $530 billones se puede trabajar, máxime si se usa todo el dinero atorado en las regalías, apresado en el sistema financiero en inversiones de TES y fiducias, renegociando deuda externa o adelgazando la burocracia que está ahogando las arcas nacionales.

Aún hay caminos, pero solo se abren con negociación.