El costo de vida a alguien debe importarle

La Constitución Política de 1991, en su artículo 373, establece que el Estado, a través del Banco de la República (el Emisor), tiene la responsabilidad principal de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva del peso. Esto implica mantener la inflación en niveles bajos y estables; para lograrlo, el Emisor actúa de manera independiente para definir las metas de inflación, utilizando el esquema de “inflación objetivo” para establecer rangos en los que se mueve el Índice de Precios al Consumidor, que orienta las decisiones de política monetaria.

Esta es la teoría que le da sentido a la entidad económica más admirada y respetada del Estado colombiano, el Banco de la República. En las últimas semanas no ha habido un día en el que el Gobierno Nacional —que nombra a los codirectores— no se haya ido lanza en ristre contra las decisiones monetarias de alza de tasas, fundamentadas en la dificultad de bajar la inflación; en las dos últimas juntas del banco central se ha decidido subir dos puntos porcentuales la tasa de intervención del mercado, llevándola a 11,25%, porque el costo de vida no baja de 5% y se aleja de la meta de entre 2% y 4% fijada por el emisor.

Desde el año pasado, el Departamento de Investigaciones del Banco ha señalado el incremento anual del salario mínimo como uno de los factores responsables de no haber podido cumplir su función constitucional; no sobra recordar que hace seis años el Banco no consigue sus objetivos inflacionarios, cuatro de los cuales no ha podido trabajar en equipo con la última administración nacional, situación que se ha convertido en un problema estructural para la economía colombiana, pues en ningún país medianamente razonable las autoridades económicas van cada una por su lado.

El diseño de gobernanza del emisor no está funcionando, ni la llamada independencia de un banco central cuya junta preside el Ministerio de Hacienda y en la que el Ejecutivo pone los nombres de sus integrantes. Cuando Colombia le apostó a la reelección presidencial, dicha gobernanza se afectó, porque se llegó a que el presidente de turno ponía a casi todos los gerentes de su periodo.

Quizá el momento político no es el adecuado, pero hay que estudiar la manera de darle verdadera independencia al Banco de la República, máxime cuando existe la posibilidad de que la entidad administre el ahorro pensional de los colombianos. No está bien que el presidente de turno influya en los codirectores, ni mucho menos que su ministro de Hacienda presida la junta.

Colombia debe avanzar en la gobernanza de su Emisor, entidad que debe trabajar con los ministros de la economía para evitar que el sistema de precios dispare el costo de vida. El problema que debe solucionar el Estado es que, para el emisor, el Gobierno Nacional es el responsable de la alta inflación por subir el salario mínimo, mientras que, para el Ejecutivo, la economía no crece ni se reactiva y, además, genera inflación por no bajar las tasas de interés.

Es como un círculo vicioso en el que ha entrado la economía, que tardará algunos años en acomodarse. Mientras tanto, se experimentarán otros dos años de alto costo de vida, por el simple hecho de que las autoridades no se ponen de acuerdo para llevar las riendas de la economía, un desbarajuste institucional que no se ve bien en el sistema monetario internacional.