De emergencia en emergencia, sin solución

En Colombia no existe la prevención de desastres naturales, los mandatarios locales, regionales y nacionales se han acostumbrado a vivir apagando incendios, como si el mantra “que el caos nunca muera” dictara la manera de enfrentar el destino, además cada tragedia no esperada, impredecible e inoportuna, se ha convertido en una fuente inagotable de dinero fácil y rápido que aceita las maquinarias políticas de turno y desencadena generaciones de nuevos ricos en todos los rincones de la geografía, personas inescrupulosas que se quedan con el dinero destinado a ayudar damnificados y a construir vivienda e infraestructuras.

Cuando hay una sequía prolongada (Fenómeno del Niño), los expertos en comprar barcazas para generar energía asoman su cara; cuando ocurren terremotos, léase Popayán y Armenia, y cuando las lluvias inundan bastos territorios, Córdoba, siempre estará presente la mano siniestra de la enquistada corrupción; no en vano el presupuesto público para la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene un presupuesto anual que supera al de casi todos los ministerios y entidades del Estado, incluso su dirección general, es la más codiciada por los políticos. Un río que amenaza con desbordarse, una carretera trazada en terrenos dificultosos, barrios en laderas, municipios levantados en medio de fallas geológicas, distritos y comunas de invasión y la actividad frenética de los invasores de tierras, son el caldo de cultivo que parece nunca acabar y se entiende que es la realidad defectuosa que nadie quiere arreglar.

En verano nadie habla de inundaciones, ni se preocupa por las crecientes de los ríos, mucho menos por los derrumbes, es decir, nadie planea y solo se conforma en ver cómo la ausencia de agua dispara los racionamientos eléctricos; en invierno sucede lo contrario, el exceso de lluvias, agua que corre sin control se vuelve el problema sin que la prevención haya hecho su efecto. Y los gobiernos son felices porque al ritmo de las lluvias y las sequías idean más reformas tributarias, nuevas emergencias económicas y decretazos de afán -excusados en los damnificados- que siempre pagarán los mismos contribuyentes.

¿Quién no quiere ayudar a las víctimas de las lluvias? ¡Nadie! pero ¿por qué no funciona la prevención? Son los mismos gobernantes que piden y claman recursos a dos manos, quienes no previenen los desastres, desalojando barrios en riesgo, reubicando habitantes, prohibiendo edificaciones, haciendo cumplir los Planes de Ordenamiento Territorial, controlando construcción, amparando ciénagas, trabajando con las corporaciones autónomas para evitar tragedias futuras. Siempre atender un desastre va ser más costosos que invertir en prevención.

El Gobierno Nacional ya expidió el Decreto 0150 de 2026, mediante el cual declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La pregunta es qué han hecho estos gobernantes -y todos los anteriores- por proteger a sus comunidades, poco o nada. Debería haber una reforma estructural que premie a los gobernantes previsivos y castigue a quienes se lucran de las tragedias; esos que ven dinero fácil tras cada inundación. ¿Para dónde se va la plata de la prevención?

Dentro de los decretos que expedirá el Ejecutivo, como ya lo anticipó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la creación de un impuesto al patrimonio para empresas, que se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los $31.424 millones y creciente, una medida que no se compadece con el pago tradicional de impuestos.