¡Las empresas no pueden con más impuestos!

La trama de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, es un hecho que investiga la justicia, pero está demostrado que más de $1 billón de la entidad fue a los bolsillos de funcionarios del actual Gobierno Nacional y de algunos congresistas; era plata pública destinada a las calamidades sociales de alto impacto, un dinero que no tenía todos los filtros normales para ser asignado. En pocas palabras, recursos cuantiosos y sin control que se convirtieron en engrase de políticas públicas.

Si hubiese habido pulcritud en el manejo del dinero público, seguramente habría fondos para financiar la necesaria reconstrucción de la economía destruida por el invierno en el departamento de Córdoba y otras regiones del país. Pero como ese dinero se perdió y las arcas públicas están en los rines, el Ministerio de Hacienda quiere un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, es decir, las empresas, que se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.

Dice el Ministerio que, por encima de este umbral, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas tendría una tarifa de 1,2%, un nuevo tributo que afectaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría un recaudo estimado de $8 billones. Varios ministros que están de acuerdo con esta idea también plantean que sería “excepcional, en el sentido de que resulta sobreviniente frente a la realidad del país y demanda por parte del Gobierno la adopción de este tipo de medidas extraordinarias”.

No hay estudios reales que sustenten el valor de los daños del invierno, ni tampoco cuánto costaría la reconstrucción del tejido económico de las regiones más afectadas; la cartera económica ha sacado del sombrero la cifra de $8 billones, pero no hay datos que corroboren ese número. Más allá del tira y afloje del monto de dinero destinado a la ayuda extraordinaria para Córdoba y del robo de recursos que siempre se da en este tipo de situaciones, es preciso resaltar que la carga tributaria para las empresas es muy alta y que el impuesto al patrimonio empresarial casi no existe en economías similares.

Es un hecho que la carga impositiva en Colombia es enorme: de impuesto de renta se paga 35%; de impuesto al valor agregado, 19%; de ICA, entre 0,4% y 1,2%; de retención en la fuente, desde 0,1% hasta 11%; de impuesto al patrimonio, entre 0,5% y 5%; y por gravamen a los movimientos financieros y aportes parafiscales, más de 4%. Es elocuente que Colombia lidere las cargas tributarias para las empresas en los distintos rankings de la Ocde.

El cobro sobre la renta es de 35%, tasa que ha venido creciendo desde la pandemia: en 2021 estaba en 21%. Las empresas colombianas enfrentan un panorama muy complicado; en términos reales, las compañías podrían estar pagando mucho más por contribuciones parafiscales, seguridad social, salarios mínimos por encima de la productividad y cargas extraordinarias a la nómina.

El dinero para ayudar a los damnificados por el invierno debe salir de las regalías, recursos que están literalmente guardados por la falta de ejecución presupuestal y por la alta rotación de funcionarios clave en el DNP, entidad rectora de este tipo de recursos, que debería destinarlos a atender la tragedia invernal.