El dañino limbo de la pensional

Primero se va a acabar el Gobierno Nacional actual (el próximo 7 de agosto) antes de que la Corte Constitucional diga si la ley que reforma las pensiones en Colombia es o no constitucional, además de revisar la pertinencia de más de un centenar de demandas en contra de la iniciativa gubernamental que se vendió con bombos y platillos como la gran reforma estructural, pero que fue mal tramitada.

El problema de la indecisión o del limbo constitucional es que los fondos privados de pensiones deben cambiar o mantener el rumbo de su negocio, y que el Banco de la República tiene que armar toda una estructura muy sofisticada para administrar un fondo que crecerá casi $1,6 billones al mes, hasta llegar a una masa cercana a 35% del PIB en los próximos años. Y en lo micro, las mujeres deben saber qué pasó: si les rebajaron las semanas de cotización, si tienen beneficios por los hijos, o si los ahorradores están en un régimen de transición vigente.

Son muchas las cosas que están en veremos y que dan muestra de la poca seriedad de las llamadas reformas estructurales: una, por parte del Gobierno Nacional, que sacó esa ley en medio de muchas discusiones oscuras; otra, de un Congreso que sigue tramitando leyes atropelladas, no ajustadas a las normas mínimas; y de una Corte a la que parece no importarle que el sistema pensional esté en el limbo.

Los fondos privados de pensiones son ahora administradores del componente complementario de ahorro individual y deben competir en un universo distinto al actual. El Gobierno Nacional que entre el próximo 8 de agosto debe pensar en otra reforma pensional más ajustada a la realidad económica y demográfica, porque la que está en manos de la Corte se quedó corta, evadió tocar el tema de la edad y por ningún lado abordó el envejecimiento de la población.

Si la Corte le dice no a la reforma pensional por errores en el trámite en la Cámara de Representantes, obligará a la nueva administración a presentar un rediseño pensional urgente que recoja mucho de la idea de la actual, construya sobre las bases de la Ley 100 y copie algunas cosas que están haciendo los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya más preocupados por la sostenibilidad fiscal y por la masa de pensionados longevos que deben mantener.

Si no se toca la edad de pensión, ninguna reforma es sostenible en el tiempo. El ejemplo más básico es de dónde va a salir el dinero para garantizarle la pensión futura a mujeres sanas, vitales y longevas que hoy se están jubilando a los 57 años. Son cuestiones no cándidas que deben hacer pensar a la Corte, pues lo único cierto en todo este esquema es que la reforma en trámite se quedó a medias, la sostenibilidad no está clara y la realidad de la sociedad colombiana amerita un verdadero rediseño de las pensiones de cara al cambio generacional.

Quizá la Corte sea más inteligente y deje pasar el tiempo para que sea la nueva administración la que haga mejor una tarea que es un imperativo para la economía.