La corrupción y las emergencias van de la mano

Uno de los trabajos académicos que mejor aborda el problema de la corrupción en Colombia se expone en el libro Aparatos estatales y luchas de poderes: de la captura a la cooptación y a la reconfiguración (Fundación Heinrich Böll, 2020), escrito por Luis Jorge Garay, uno de los teóricos que más ha estudiado la criminalidad y la corrupción en Colombia, a partir del concepto de “captura del Estado”. Esto no es otra cosa distinta a explicar cómo los grupos de poder aprovechan su influencia para tramitar y aprobar leyes y regulaciones a favor suyo y no del interés general, un espacio que se ha degenerado en muchas regiones cuando los grupos ilegales tienen el control político de territorios enteros, léase Catatumbo, Arauca, Cauca y una buena parte de Antioquia y el Pacífico.

Esos grupos de poder son contratistas que financian concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes, senadores y presidentes, en una suerte de apuesta por sus negocios. El mapa de esa hipótesis se percibe en los elefantes blancos en casi todos los pueblos y ciudades, además de obras de infraestructura licitadas, contratadas e inexistentes. Si se hace arqueología de la corrupción, este flagelo colombiano siempre va a estar ligado a los desastres naturales, que se convierten en un hecho fortuito e idóneo para robar el dinero público, que -por destinarse a una catástrofe- se escapa del control de las entidades de vigilancia y control.

Es una afirmación de vieja data que puede revisarse desde el terremoto de Popayán, pasando por Armero y el terremoto de Armenia, hasta llegar a las más recientes emergencias invernales que siempre decretan los gobiernos de turno cuando se han quedado sin caja, pero necesitan recursos para atender no solo a los damnificados, sino también para financiar políticos en campaña y girar dinero fácil a proveedores. Nada es más peligroso para las finanzas públicas que un gobierno sin caja y una larga temporada de lluvias, un terremoto o una sequía: siempre aparecerán los más vivos, quienes no tienen escrúpulos para quedarse con el dinero escaso.

Garay habla de la corrupción sistémica o endémica, una forma de poder arraigada en las estructuras fundamentales de un Estado, donde las prácticas ilícitas son aceptadas y no son hechos aislados, sino culturales y plenamente instaladas mediante normas, leyes y procesos, toda una suerte de manipulaciones que benefician a los interesados. Lo más reciente de este evidente matrimonio entre los desastres y la corrupción es lo sucedido en la Unidad de Gestión del Riesgo, cuyo desfalco puede superar el billón de pesos. Una inundación, un terremoto o una sequía prolongada es la mejor noticia para los corruptos, que acuden a dineros líquidos y sin control para hacer su agosto; no cabe duda de que mucho del dinero público que se está movilizando en las alcaldías y gobernaciones de la Costa Caribe, azotada por las lluvias, se verá involucrado en escándalos futuros.

A los alcaldes no les interesa solucionar los problemas reales de las personas que habitan zonas de alto riesgo porque saben que, cuando se presenta una tragedia natural, también llueven recursos públicos sin control ni dolientes. Es imperativo que los nuevos congresistas y el Gobierno Nacional rediseñen la institucionalidad de la atención a las catástrofes, para que no siga siendo dinero fresco que termina en la delincuencia, fruto de un Estado capturado.