Cuidado con los palos de ciego en EPM

La trama que está padeciendo EPM durante los últimos 16 meses tiene todos los elementos de una novela latinoamericana, que, si no se endereza puede convertirse en el guión de una tragedia empresarial con graves consecuencias para la economía colombiana.

Al comienzo hubo un primer capítulo de ruptura tormentosa con Álvaro Guillermo Rendón, quien fuera uno de los mentores políticos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y gracias a eso fue designado para llevar las riendas de EPM; pero esa relación terminó mal cuando le declararon la insubsistencia.

Ante la salida escandalosa y el reciente cambio, también traumático de la junta directiva, fue encargada la ingeniera, Mónica Ruiz Arbeláez. Una ejecutiva de bajo perfil que bajo la promesa de “asegurar la estabilidad administrativa y operativa de la empresa, y en cumplimiento del marco de gobierno corporativo, con el acompañamiento metodólogo de la unidad administrativa, y luego de realizar una evaluación objetiva, de manera unánime ha recomendado un cambio en la Gerencia General de la empresa a partir de la fecha”, se le puso en el cargo por pocos meses.

Luego vino un dudoso proceso de selección realizado por una polémica firma de caza talentos que encontró en Alejandro Calderón Chatet el perfil ideal para llevar las riendas de la compañía pública. A la postre, la hoja de vida del ejecutivo contenía serios vacíos en su formación profesional, y en su experiencia se hallaron relaciones con empresas mencionadas en escándalos fiscales; dos lunares que lo llevaron a renunciar sin casi haberse posesionado en el importante cargo que tiene como imperativo ejecutar millonarios planes de negocios, garantizar la sostenibilidad del Grupo EPM, terminar y operar el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, madurar la operación de Afinia en la región Caribe, vender activos improductivos, cumplir de manera estricta las líneas del Gobierno Corporativo, además de sacar adelante las obligaciones nacionales e internacionales de una compañía de esta talla. Pero quizá lo más importante es preservar la reputación empresarial, un ejemplo de buen manejo de lo público durante casi siete décadas de funcionamiento en la región. Ahora, el alcalde Quintero ha puesto en el cargo a Jorge Andrés Carrillo, ingeniero ambiental con maestría en gerencia ambiental y amplia experiencia como alto funcionario del Gobierno, y como consultor empresarial. Pero con supuestas inhabilidades que siembran un manto de duda sobre su eventual gestión. Dice el Decreto 128 de 1976, artículo 10, que “los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones, y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron, ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquella pertenece”.

Cabe recordar que el exviceministro de Aguas y exsuperintendente delegado de la Superservicios, venía desempeñándose como miembro de las Juntas Directivas de ISA y EPM. Una situación jurídica que siembra dudas y alarga la trama gerencial en la empresa pública y baluarte de los antioqueños. No sobra advertir que las autoridades responsables de la vigilancia y el control de las empresas públicas deben estar atentas para actuar cuando el daño se convierta en un mal superior.