Contra las drogas vale más la ciencia que las balas

Hoy se celebra la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) sobre drogas en Nueva York, un evento que se debe convertir en el punto de quiebre mundial en la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes. Y por supuesto, Colombia y su gobierno son protagonistas de primera línea en lo que tiene que ver con el problema y la misma solución.

Empecemos por afirmar que Colombia sería un país completamente diferente si en nuestro camino no se hubiera cruzado con el narcotráfico; seguramente la guerra interna ya habría terminado; la cultura narco no se hubiera instalado en varias generaciones; no existiría la noción del dinero fácil; y muchos de los gobernantes y autoridades de control y vigilancia no hubieran caído fácilmente a las tentaciones del dinero y la corrupción.

Completamos casi seis décadas de conflicto armado que en sus años tempranos solo se financiaba con la ayuda económica recibida por el eje comunista de Moscú-La Habana; con el epílogo de la Guerra Fría, ese dinero fue reemplazado por el tráfico de drogas hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, surgiendo con un alto poder de combustión social el impuesto al gramaje de los cultivos ilícitos, los laboratorios de droga clandestinos, la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero. Logró emerger una nueva clase de poderosos que producto de las relaciones de narcos, paramilitares y guerrilleros.

Colombia ha pagado como ningún país el precio social del narcotráfico, una actividad ilícita que se transforma con mucha facilidad y que tiene una capacidad de corrupción, casi que imposible de quebrar con las herramientas de combate actuales. El control de drogas en todos los países no se ha modernizado y se siguen aplicando las mismas recetas: castigo por los crímenes y declaraciones de tierra arrasada. Los narcos se están reinventando, mutando de capos sanguinarios a empresarios lavadores de dinero, pero igual con un ADN de destrucción social. Mientras que son los campesinos más necesitados de presencia del Estado, quienes tienen que pagar esta guerra sin cuartel.

En el frente de la marihuana ha surgido una alternativa de solución a la criminalización de este cultivo con la aprobación de la cannabis medicinal para usos científicos. Hoy son muchos los países que no juzgan ni condenan a quienes la necesitan para efectos curativos. Ya hay grandes iniciativas empresariales serias que buscan sacarle partido al mercado de la marihuana de invernaderos y laboratorios. Incluso hay gobernadores de departamentos muy representativos como Antioquia y Tolima (otrora castigados por los narcos) que ven con buenos ojos que agroindustriales de sus regiones le apuesten a este innovador cultivo. Si Colombia quiere pasar el capítulo de narcotráfico debe empezar a mirar alternativas de legalización conforme al ordenamiento internacional.