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El narcotráfico en Colombia solo se derrota si hay una combinación de formas de lucha; todo un gran contrasentido ideológico que no es un juego de palabras, pues fueron las guerrillas de origen comunista quienes dinamizaron esta actividad para destruir el Estado, ahora se debe echar mano a “todas las formas de lucha” para acabar con los cultivos de coca, la cadena de producción y logística que no solo siembra de violencia cientos de pueblos y ciudades, sino que acumula una economía subterránea que le hace mucho daño a la formalidad.
Dice el exministro, Rafael Pardo en su último libro, Una guerra sin fin (Aguilar, 2020) que “desde principios de los setenta, cuando empezó a cultivarse y exportarse marihuana desde la costa Caribe, hasta ahora, ya entrado el siglo XXI, la vida colombiana ha estado marcada de muchas formas por el tráfico ilegal de narcóticos. La realidad es que, desde 1980, Colombia es el mayor productor y exportador de cocaína. Ha sido sede de las mafias de drogas más poderosas que hayan existido (...) Se exportan, mal contadas, entre 200 y 500 toneladas métricas de cocaína, lo que introduce entre US$2.000 y US$3.000 millones anuales a Colombia, generando de manera continua nuevas mafias.
El informe What America’s Users Spend on Illegal Drugs, 2006-2016, dice que el consumo de cocaína en Estados Unidos se ha reducido dramáticamente: se pasó de 366 toneladas en 2006 a 100 toneladas en 2016. De forma consecuente, los gastos para los consumidores en ese país han disminuido de US$58.000 millones en 2006 a US$24.000 millones en 2016”.
Las cifras se traen a colación porque la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca ha denunciado que los cultivos de hoja de coca aumentaron en Colombia en 2019 hasta las 212.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína alcanzó las 951 toneladas. La producción pasó de 879 toneladas a 951 toneladas, crecimiento de 8%, números récord que dispara todas las alarmas sobre una silenciosa bonanza cocalera en ebullición que traerá consecuencias graves si no se detiene a tiempo.
Es un tema de nunca acabar y al que ninguna atención se le pone desde la economía, pues solo se ve, escucha y oye de formas de lucha policivas o judiciales. El punto es que además de la fumigación aérea, de la erradicación manual, de la persecución de capos, cocaleros y raspachines y de alianzas entre las autoridades de varios países para combatir el tráfico, el país está obligado a estudiar a fondo el tema desde la composición social de los productores, pasando por los ciclos de cultivo, las temporadas de cosechas, las variedades sembradas, y lo no menos importante sobe la propiedad de la tierra donde se cultiva, tema del que nadie habla y se escabulle justificando -peor aún- que son parques nacionales de todos.
Es imperativo que el Gobierno Nacional en asocio con los países destinatarios aboden el tema desde lo económico o agronómico para poder entender mejor los ciclos de producción y diseñar nuevas formas de destrucción. Debe haber una “misión cocalera” compuesta por expertos del Banco de la República y los ministerios de Agricultura y Hacienda para abordar el problema desde otros puntos de vista, no solo desde lo policivo y judicial, que por supuesto se deben extremar.
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