Colombia no puede ser un país informal

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, dio a conocer que entre octubre y diciembre la ocupación informal en las 13 principales ciudades del país ascendió a 48,1%, y que para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas encuestada asciende a 49%. La cifra es superior a la inmediatamente anterior que era de 47%, lo que significa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en las 13 ciudades y 1,4 puntos porcentuales en las 23 capitales, un número que refleja la penosa situación laboral por la que atraviesa la gente, heredada de la pandemia y de los cierres obligados del comercio y de toda la actividad económica en los polos de desarrollo. Se puede lanzar una primera hipótesis y es que las personas que perdieron el empleo formal por el coronavirus se dedicaron a la informalidad y que ésta explota ante la simultánea avalancha de migrantes de Venezuela que se han multiplicado desde el segundo semestre del año pasado.

Según los datos del Dane, la proporción de hombres ocupados informales fue de 47,7%, un aumento de 3,2 puntos porcentuales frente al mismo trimestres móvil de 2019; y respecto a las mujeres, se ubicó en 48,5% con una caída de 0,5 puntos porcentuales. Nuevamente se demuestra que el desempleo generado por la situación sanitaria mundial se está ensañando con las personas de más bajos ingresos y que en especial las mujeres están siendo damnificadas, lo que se convierte en una grave situación social que amerita la reconfección de algunas políticas públicas. Si se observan los datos por ciudades la de mayor proporción fue Cúcuta (72,9%), Sincelejo (65,1%) y Santa Marta (64,5%), todas ciudades que sufre el coronavirus y la llegada de miles de migrantes del vecino país. Las de menor proporción de informalidad fueron: Manizales (39,8%), Tunja (42,1%) y Bogotá (42,2%). El problema de la informalidad se sitúa principalmente en la región Caribe, aunque bien se puede afirmar que es un problema generalizado.

La mayor preocupación de los analistas macroeconómicos con la gran noticia del estatuto de protección temporal que lanzó el Gobierno Nacional, que tendrá una vigencia de diez años, para que los migrantes venezolanos que no han regularizado su estancia en el país, es que esta medida dispare la informalidad a niveles superiores y que revertir esta situación sea mucho más compleja con el paso de los años; una manera de advertir que en Colombia se institucionalice la informalidad y que sea muy complicado en términos de beneficios que los informales le apuesten a cotizar para salud, riesgos profesionales, vacaciones o pensiones. El gran asunto sin resolver es que sea más rentable trabajar en las calles por cuenta propia que vincularse a una empresa con todas las de la ley. Y el problema de la informalidad cabalgante es que es una fuerza laboral que no paga impuesto, pero se beneficia de todo el inmobiliario social en términos de salud, educación, recreación, seguridad, etc., sin aportar nada. Está bien que la gente se rebusque y logre una manera de salir adelante satisfaciendo sus necesidades básicas sin vincularse en la formalidad, pero debe haber una manera de que contribuyan con las arcas nacionales para que estas a su vez financie sus reivindicaciones. Es urgente adoptar medidas para que los informales también paguen impuestos.