Al Presupuesto de 2026 hay que recortarle

El Presupuesto de este año fue de $525 billones ($511 billones porque no se aprobó la Ley de Financiamiento) y el del próximo subirá a $557 billones, un salto enorme sin justificación alguna en un momento de convulsión política y de una economía pasmada.

Para ajustar la idea de Presupuesto que tiene el Gobierno Nacional se necesita poco más de $26 billones considerados en una segunda billonaria reforma tributaria para la que no hay mucho ambiente en el Congreso, mucho menos con el sector productivo quien es a la postre el pagador de los impuestos.

Sin ambiente político para pasar otra tributaria ni concertación con los empresarios y los empleados formales -los siempre pagadores de las cuentas-, dicha idea de más impuestos parece estar muerta y lo más probable es que la economía se vuelva a enfrentar a una dictadura fiscal en la que el Estado habilita a la administración de turno para que use, para costear las cuentas nacionales, los mismos montos del año pasado, es decir, $525 billones.

Ahora bien, sin un buen marco fiscal de mediano plazo, habiendo desactivado la regla fiscal, lo más probable es que la deuda externa se dispare a cifras históricas y el problemático déficit fiscal vuelva a tiempos de pandemia, más allá de 7%.

El gran problema que va a dejar de herencia esta administración nacional, la que solo tiene unos 350 días al frente de la Casa de Nariño, son unas cifras fiscales al garete, con notas crediticias muy comprometidas, una lejana posibilidad de recuperar el grado de inversión y un aparato estatal enorme que se come más de $300 billones en funcionamiento, casi la misma cifra del recaudo anual de impuestos.

De nada valen unas cifras macroeconómicas en condiciones normales si la administración central borra todo con su regular gestión y muy baja ejecución.

Pero lo peor, la incapacidad de ahorrar, de recortar el enorme aparato estatal que también se está heredando. Contratos de prestación de servicios de miles de funcionarios que trabajan para entidades sin sentido. Ahorrar en ese tipo de cosas sería lo ideal para evitar poner más impuestos regresivos que encarecen el costo de vida, esa sería una buena decisión.

Para dejar una administración saneada habría que recortar o disminuir el Presupuesto, discutirlo con otras cifras en mente mucho más realistas, acorde al último año de Gobierno, éticas o justas con el Presidente entrante.

Entre agosto y diciembre del nuevo año, la nueva administración trabajará con ese Presupuesto fijado por su antecesor; he allí el problema, pues le dejará una “empresa política” montada con miles de funcionarios que ineludiblemente hay que recortar cuanto antes.

El amarre presupuestal para el próximo año se debe discutir con esa grandeza. De nada vale sacar a la fuerza dinero de impuestos para mantener unos ministerios paquidérmicos que se deben recortar y no dejarlos crecer por pura ambición electorera.

Es un círculo vicioso que se debe romper en Colombia: exprimir a los empleados formales y a los empresarios con más impuestos destinados a crecer la burocracia y pagar anticipos a contratistas que patrocinan las campañas.

Al final siempre pagan las cuentas de los presupuestos los mismos empresarios y trabajadores, esta vez es más elocuente, porque en hora buena el Presupuesto General de la Nación y la manera de financiarlo se discuten conjuntamente, tal como se hace en los países desarrollados en una suerte de momento político, otrora el Presupuesto y las tributarias eran dos cosas distintas para un mismo fin: financiar la administración y la inversión estatal.

Este puede ser un momento de oro en el que el Congreso devuelva el Presupuesto y se obligue a recortar, al tiempo que se deje de buena práctica hablar de prepuestos e impuestos al mismo tiempo.