A las motos nadie le está poniendo cuidado

Si alguien que no haya estado en Colombia hace una década regresara la país, lo primero que lo sorprendería al salir a las calles es la gran cantidad de motocicletas que circulan hoy en día. Un panorama que se siente con intensidad en la fría Bogotá, donde el clima y el mantenimiento de las vías no son muy amigables con estos vehículos, pero que en todas las ciudades y poblaciones calientes son una verdadera epidemia.

Los vendedores de motos en Colombia leyeron a la perfección la necesidad que tenían los colombianos con el problema de su movilidad para ir a sus puestos de trabajo. Y en una muestra de gran emprendimiento y aprovechamiento de una oportunidad para comercial, llenaron nuestras calles de todo tipo de motos. A las históricas o tradicionales Honda, Yamaha, Suzuki o Kawasaki, en el último lustro se le han sumado otras marcas exitosas en todo el mundo como, Daelim, Kymco y la popular AKT, muchas traídas por partes de China, Taiwan e India y ensambladas en bodegas para ser entregadas en los supermercados solo con la cédula y un crédito aprobado.

La promesa del vendedor para el comprador es simple: “con los pasajes del transporte público se compra su moto, tiene algo propio, disfruta el viento y es más eficiente en el trabajo”. Así llegamos a un parque de motos que en para octubre de 2017 era de 499.692 unidades matriculadas. Los gremios económicos más importantes de comerciantes e industriales, Fenalco y Andi, ven en el registro de motocicletas nuevas un indicador de progreso económico que aunque cayó como todo el sector no ha tenido tanto impacto en la industria.

Es un hecho indiscutible que buena parte de la responsabilidad en el fracaso modelo económico de los sistemas de transporte masivo en todas las ciudades capitales tiene que ver con la explosión de motos en las calles y en la efectividad de la promesa de los vendedores, quienes enfatizan que una moto se compra con los pasajes del bus, pero no se explican a sus clientes el consumo de la gasolina, mantenimiento, Soat, seguros, parqueaderos y el escrupuloso asunto de la seguridad, pues no se puede desconocer que en casi todo los accidentes trágicos de tránsito siempre está comprometido un usuario de motos. Además, es el vehículo preferido de los delincuentes.

Y todo esto a la vista del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional Vial o de las secretarías de tránsito locales que ven en las motos un negocio y no un tema de salud pública. Incluso los “mototaxitas” ya se han convertido en una fuerza política en varias ciudades de la costa Caribe y del suroccidente colombiano: hay aspirantes al Congreso prometiendo legalización del mototaxismo y subsidio para cambio de motos. El problema se da en Sincelejo y Popayán, en donde la mano oscura de “empresarios” que compran varias motos de bajo costo y las ponen a trabajar casi las 24 horas del día, sin licencias de transporte público ni permisos de autoridad alguna, es una realidad.

Hay que mejorar las normas de uso de las motos que no dejan de ser una alternativa de transporte eficiente, pero que adolecen de reglas claras. Deben pagar peajes en las carreteras; no pueden andar en las autopistas, tal como sucede en todos los países, de acuerdo a su cilindraje, y sobre todo, debe protegerse la vida de sus usuarios. La ley de la selva no puede seguir ordenando las motos y los políticos no deben sembrar mentiras a quienes han vuelto su moto un taxi.