¿Por la puerta grande?

El gobierno logró desactivar el paro agrario y campesino. Eso estuvo bien y hay que felicitar a quienes participaron en esa jornada. Ya iban casi quince días de desgaste, de carreteras bloqueadas, de departamentos aislados como Huila y Caquetá con todo el desgaste que ello acarrea. Y con perjuicios económicos cuantiosísimos para quien sin participar en los paros se vieron injustamente afectados. 

Sin embargo, leyendo la letra menuda de los acuerdos a que se llegó, surge la inmensa duda de si el remedio no va a resultar más traumático que la enfermedad; y si el incendio del paro se terminó apagado con gasolina, que hará estallar más temprano que tarde una llamarada aún mayor de la que se extinguió. 

Veamos. El corazón del acuerdo consiste en que el gobierno reconoció - es decir, le otorgó una especie de personería jurídica negociadora- a una mesa variopinta donde están representados entre otros, la unión de pueblos indígenas, los afro descendientes, la coordinadora nacional agraria (CNA), la mesa de interlocución y acuerdos (MIA), sindicatos agrarios como Fensuagro, La asociación de reservas campesinas (ANZORC), e infinidad de otras agrupaciones que hacen parte de la llamada Marcha Patriótica. 

Por el momento, apenas hay un decreto. Reconociéndole a esta profusa mesa negociadora personería para el diálogo. Las llamadas “dignidades campesinas” quedaron desplazadas por esta abigarrada mesa, y así, el gobierno, en vísperas de la elección presidencial, logró romper hábilmente el  paro agrario. 

¿Pero a qué costo? Esto lo veremos luego de algún tiempo cuando empiecen las negociaciones con este heterogéneo grupo, que hasta ahora no había sido reconocido por el gobierno, pero que se viene con un pliego de temas de “exigencias” (así las llaman), para cortar el aliento de cualquier gobierno. 

Las pretensiones van desde una moratoria en todo el licenciamiento minero en el país, la prohibición de la inversión extranjera, hasta el repudio de los TLC que ha negociado Colombia. Y cosas así por el estilo. 

Pero lo que inquieta a primera vista es si éste mecanismo no se va a convertir en una maniobra de las Farc para introducir por la puerta de atrás las pretensiones que no han logrado hacer avanzar en La Habana hasta ahora. 

Se reabre, por ejemplo, el debate de las Zonas de Reserva Campesina más allá de los linderos que señala la ley para esta figura. Que era a lo que se había llegado en Cuba, al negociar el punto número de la agenda. Ahora se vuelve a hablar de Zonas de Reserva Campesina dotadas de autonomismos, en número y extensiones desmesuradas. Lo que se había avanzado en La Habana, se retrocede ahora. 

En consultas parece que las cosas no son menos inquietantes. Las consultas- que ya están paralizando el país- y que cubren las iniciativas legales que tienen que ver con indígenas y afro descendientes, los participantes en esta nueva mesa de negociación pretenden hacerlas obligatorias a todo el campesinado colombiano. 

Es decir, que cualquier ley o decreto o política pública que en el futuro ataña a lo rural habrá que “concertarla” previamente con los campesinos. Y, ¿quiénes son campesinos? Por ninguna parte están definidos, con lo cual habrá que concluir que se trata de todos aquellos colombianos que viven en las zonas rurales. Vieja aspiración esta de las Farc, que de concretarse acabaría de paralizar la acción del Estado. 

Y para rubricar esto, ya uno de los participantes en la mesa variopinta de negociación que reconoció el gobierno anuncia que se disponen a “boicotear” el censo agrario que está en curso, para forzar que se haga una pregunta que permita el registro de todos los “campesinos” del país. Con lo cual, obligatoriamente, se habrán de “consultar” en adelante todas las iniciativas de políticas públicas rurales que se emprendan. Grave cosa. El costo que se pagó por levantar este paro luce potencialmente gigantesco.