La corrupción hace metástasis

Cada día, los órganos de control, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, asombran más al país, cuando informan sobre casos de corrupción que afectan el patrimonio público. Son billones de pesos los que pierde el erario por cuenta de ella, causa principal de la falta de progreso y desarrollo en que nos encontramos. Son muchas las modalidades como opera este flagelo, la más protuberante es la contratación que, una vez amañada, permite la fuga de una gran parte de sus recursos.

Para citar ejemplos concretos, es aberrante el caso de Buenaventura, municipio que en las últimas dos décadas ha recibido aproximadamente $160.000 millones para la construcción del acueducto, la mayoría saqueados, lo que ha impedido que el puerto sobre el pacífico goce de agua potable. Otro tanto ocurre en Riohacha, ciudad capital de La Guajira que aún adolece de abastecimiento del preciado líquido, a pesar de haber recibido millonarios giros para tal fin y caso similar ha ocurrido en Quibdó, capital de Chocó.

Lo propio sucedió hasta hace unos años en Sincelejo, la capital de Sucre, cuyos recursos para agua potable fueron dilapidados durante décadas. Pero la corrupción no es un mal que solamente azota a las ciudades medianas y pequeñas de la patria. Hace pocos años, la educación en Cali, fue sometida a un saqueo inclemente en el que participaron varios concejales y funcionarios de la ciudad, los cuales con la complicidad de directivos de instituciones educativas, cobraban comisiones por la contratación de cupos con los que debían pagarse las matrículas de los estudiantes de menores recursos. 

Tampoco ha sido una excepción la capital de la República; Bogotá ha padecido en los últimos años un  gigantesco robo del erario público, dirigido y orquestado por los más altos dignatarios del distrito, con la complicidad de miembros del concejo de la ciudad.  Se saquearon los recursos que iban dirigidos al mejoramiento y a la construcción de la malla vial y otros que iban a la atención de la salud en los hospitales, lo que sin duda causó la muerte de muchos enfermos. 

El mes anterior, fueron capturados por el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía, 19 personas por desfalcos a la Dian, que superan la nada despreciable suma de $300.000 millones. Los implicados, funcionarios y exfuncionarios de la misma, así como particulares, son acusados de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho y falsedad ideológica en documento público. La depredación del erario se hacía a través del cobro de devoluciones del IVA, por concepto de exportaciones ficticias de alimentos, textiles y chatarra, principalmente. Por esta misma práctica han sido capturadas anteriormente más de 60 personas, 48 de las cuales aceptaron los delitos imputados.

El nueve de mayo de este año, un comunicado de la propia Fiscalía General de la Nación, informó que su cuerpo técnico de investigación (CTI) había capturado a 32 personas en Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y otras ciudades, al ser sorprendidas en flagrancia en la comisión de delitos contra el sufragio. Estas personas son acusadas por fraude en la inscripción de cédulas, suplantación del ciudadano, ocultamiento y retención de documentos, voto fraudulento, entre otros.

Estas prácticas corruptas descritas y más, tienen azotada la administración pública, han generado una gran pérdida de confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y han retrasado de manera gigantesca el desarrollo y el progreso del país.