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Si el acuerdo entre el Gobierno y Repsol por la expropiación de las acciones de YPF llegara a buen puerto, la petrolera española se convertiría en uno de los mayores acreedores del país.
El acuerdo ofrece a Repsol bonos soberanos por un valor de us$5.000 millones con lo cual la compañía presidida por Antonio Brufau tendría en sus manos el 2,5% de toda la deuda pública argentina.
Este porcentaje sobresale en un país en el que precisamente la deuda no está sostenida por inversores privados, sino que son las instituciones y agencias públicas las grandes acreedoras del Estado. En estos momentos, la deuda argentina supera los US$196.000 millones lo que representa 43,6% del PIB. Y menos de un tercio está en poder del sector privado.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que la idea no era perjudicar a Repsol, sino que se tomó solo 51% de las acciones de la compañía.
Kicillof se justificó tras el acuerdo y afirmó que es imposible no pagar una indemnización porque es ilegal.
"El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento", aclaró la compañía
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