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El gravamen a servicios digitales añadirá US$250 millones a las arcas del Estado.
Más de 300 páginas de extensión, que eran ampliamente esperadas por el mundo político y técnico, conforman el proyecto de modernización al sistema tributario que ingresó ayer el gobierno al Congreso. Y 17 adicionales aclararon el cuadro financiero que rodea a la iniciativa, la que -contrario a lo anticipado por Hacienda- no será fiscalmente neutra, es decir, sí implicará un cambio en los recursos para el Fisco.
Pero a diferencia de lo que se preveía, en la suma y resta de sus efectos, la modernización del sistema se traducirá en un saldo positivo en la recaudación de unos US$ 428 millones en régimen, según el informe elaborado por el área de Estudios de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Acorde con los cálculos oficiales, el establecimiento de la obligatoriedad de la boleta electrónica inyectará US$ 1.175 millones en régimen a las arcas públicas. Esto, mediante un control más exhaustivo de la evasión en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El informe recalca que el uso de los vouchers de Transbank como boletas en algunos comercio han reducido la evasión un 9,9% para las micro empresas y 12,1% para las pequeñas. Así, se asume una reducción permanente de la evasión de las medianas y grandes compañías de 5% y 1,5%, respectivamente.
El aporte de las plataformas digitales
La gran novedad en materia de recaudación en el proyecto es la creación de un nuevo impuesto específico a los servicios digitales. Se aplica un tributo de 10% para las operaciones realizadas por plataformas extranjeras y que sean utilizadas por personas naturales en el país.
El informe también precisa que en régimen se recaudarán US$ 251 millones por año con dicho gravamen, monto que partirá en US$ 219 millones el próximo año para cerrar en US$ 242 millones el último ejercicio previo a la implementación plena del sistema (2023).
Las ventanas transitorias para registrar capitales no declarados en el exterior logrará reunir más de US$ 1.060 millones entre 2019 y 2020, mientras que el impuesto sustitutivo al FUT ingresará más de US$ 1.400 millones a las arcas públicas en los próximos dos años, pero tendrá un impacto negativo de US$ 450 millones para el Fisco en los tres años siguientes.
La modificación del cobro del impuesto verde, en tanto, significará recursos adicionales por US$ 40 millones en régimen.
Integración costará US$ 800 millones
Dado los ajustes antes mencionados, los cambios incluidos en la reforma más que compensarán la integración del sistema, que había sido el punto más debatido desde el anuncio del gobierno de avanzar en esta línea.
De hecho, las estimaciones por ejemplo del exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, apuntan a una cifra de US$ 600 millones; mientras que las del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, aludían a US$ 1.000 millones.
¿Cuál es el cálculo propio del gobierno? Reintegrar el régimen impositivo reducirá en US$ 833 millones en régimen –o sea, cada año a partir de su plena vigencia- los recursos fiscales.
Las cifras de Hacienda revelan que la menor recaudación irá subiendo a partir del año 2020, con un primer efecto negativo de US$ 265 millones, para llegar a US$ 295 millones en 2023, último año de transición del nuevo esquema.
El documento, firmado por el titular de la Dipres Rodrigo Cerda, explica que el cálculo se basó en una serie de supuestos: el costo base son US$ 560 millones, a lo que se le agregan US$ 135 millones por retiros con cargo al impuesto sustitutivo al Fondo de Utilidades Tributables (Isfut), y reajustes por el mayor crecimiento del PIB a 2023.
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