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Situación de inseguridad en Ecuador
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La colaboración de carteles, la corrupción en cárceles y la ineficiencia estatal son algunas de las razones que explican el problema
La situación de inseguridad en Ecuador llegó a su punto más alto en la tarde del martes cuando aproximadamente 20 integrantes de una banda criminal irrumpieron en los estudios de televisión del canal TC Televisión y obligaron a los trabajadores a arrodillarse mientras empuñaban sus armas y granadas y le enviaban mensajes al presidente, Daniel Noboa, sobre la presencia policial en Guayaquil.
Frente a esto, el primer mandatario de Ecuador decretó un estado de emergencia de 60 días para que patrullas militares, junto con un toque de queda nocturno en todo el territorio. Así mismo, emitió un decretó en el que declaró el conflicto armado interno y le ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones militares necesarias para neutralizar a los grupos criminales, que ahora son considerados organizaciones terroristas. Algunos de ellos Los Choneros, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, El Cuarte de las Feas, Covicheros y Cubanos.
El desencadenamiento de la violencia en Guayaquil, puntualmente, y en todo Ecuador, se produjo después del escape de prisión de uno de los máximos jefes de la banda los Choneros, Adolfo Macías, alias 'Fito'. Sin embargo, existen cinco razones que dan cuenta de la escalada de violencia que sufre este país.
El crecimiento en el número de grupos criminales violentos es la principal causa de la escalada de violencia en Ecuador pero, específicamente, en Guayaquil. Estas agrupaciones han venido disputando el tráfico y la distribución de drogas por las cárceles y los corredores internacionales para el tránsito de las mismas. Uno de los primeros grupos en figurar fue Los Choneros, banda narcotraficante surgida en la década de los noventa en la provincia costera de Manabí. Actualmente, el Estado reconoce a 22 organizaciones criminales, entre ellos los Cubanos, Cuartel de las Feas, AK 47, Tiguerones y Latin Kings.
Guayaquil, la ciudad costera más grande del Ecuador, es considerada la ciudad más peligrosa del país y sus puertos son un centro para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa gracias a la participación de los carteles mexicanos y de las disidencias de grupos guerrilleros colombianos. Así mismo, el país está ubicado entre dos países productores de cocaína (Colombia y Perú), lo que convierte a Ecuador en un punto estratégico para el transporte de la misma a otros destinos del mundo.
Como se mencionó previamente, la presencia de las disidencias de las Farc y del Cartel de Sinaloa en las costas ecuatorianas ha traído consigo una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente. Insight Crime presume que estos grupos al margen de la ley han provisto a las bandas del vecino país de armas y dinero; así mismo, consideran que parte de la violencia entre las bandas radica en la defensa de los corredores que los carteles y las disidencias usan para distribuir la droga y que esta llegue a sus destinos finales (México, Estados Unidos y Europa, principalmente).
Pese a la evidente ola de inseguridad que atraviesan, especialmente, las provincias costeras, las acciones del Estado no han contenido la problemática. Tras hechos violentos como los ocurridos en Guayaquil durante esta semana o el asesinato del candidato presidencial anticorrupción, Fernando Villavicencio, tanto el gobierno de Guillermo Lasso como el de Daniel Noboa no han tomado las medidas necesarias para contener la situación.
Aún no se sabe con certeza detalles del mencionado asesinato y los motines en los centros penitenciarios no cesan pese a que se han decretado estados de emergencia y se ha extendido la capacidad en las cárceles.
Insight Crime explicó que no es complicado que un reo tenga acceso a armas, drogas o celulares. "El coronel es que los ingresa", dijo un reo, entrevistado por la organización y dando cuenta de la gravedad de la problemática. Esta situación se justificaría en los bajos salarios que los funcionarios de los penales perciben (US$520, el más bajo de los salarios que perciben los funcionarios públicos) en relación al tiempo de trabajo. Estas personas se valen de los chalecos antibalas o de sus armas de dotación para ingresar estos elementos por "tarifas" desde US$100 hasta US$4.000.
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