martes, 4 de diciembre de 2012
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luis fernando vargas alzate

A propósito del día 7D, o la tan nombrada Ley de Medios, vale la pena recordar que recientemente la economía argentina sintió el alivio de una decisión que congeló el pago, decretado por el Juez Thomas Griesa, de U$1.330 millones a los inversionistas dueños de los denominados “fondos buitre”, originados a partir de la crisis de 2001.

Estos inversores aprovecharon las circunstancias para tomar parte de la deuda soberana del país a precios notablemente inferiores a los reales. La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dio un respiro a la economía austral, a la vez que invitó a los interesados en el tema a preguntarse sobre la veracidad de un posible default para la misma en caso de que se haga obligatoria la cancelación de esta deuda en corto tiempo.

A pesar de la cantidad de especulaciones en los diarios regionales, de los sesgos informativos, incluso de los mismos medios nacionales argentinos, y de las negativas asignaciones por parte de las calificadoras de riesgo sobre la economía del país, la realidad es que Argentina está lejos de entrar en default, o por lo menos de repetir los sucesos de 2001, cuando el país declaró el mayor cese de pagos de toda su historia económica.

Recuérdese que en ese año Argentina gritaba al unísono: “¡Qué se vayan todos!”. Fue un llamado estricto a la renovación política y social, un odio profundo a la burocracia que había llevado a la sociedad a lo más profundo del abismo y una exigencia de girar 180 grados. Las palabras del presidente Duhalde fueron muestra de lo que estaba sucediendo en el país ese fin de año: “La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina…”.

La República Argentina de 2012 está lejos de esa radiografía. No es cierto que la cesación de pagos esté tan cercana al nivel de 2001. Aunque tampoco es real que la economía pueda enfrentar un pago como el exigido y que nada ocurra. Es claro que cualquier administración que se vea obligada a desprenderse de U$1.330 millones tendrá que resentirse, pero tampoco es momento para estar haciendo referencia a la quiebra del Estado argentino si el fallo del juez Griesa se reactiva y la obligación de cubrir la deuda se torna en asunto de inmediato cumplimiento.

Hoy es claro que el país logró quintuplicar las reservas internacionales desde que De la Rúa dejó el poder, huyendo en helicóptero por el techo de la Casa Rosada, situándolas en U$ 45.274 millones para 2011 (FMI). Consolidó un PIB de U$474.812 millones (FMI), para una población de 40 millones de habitantes, además de una balanza comercial que, a causa de las estrategias adelantadas por la presidenta Fernández, está en superávit. A ello se agrega que la fuga de capitales ha venido en disminución desde que se aplicó la medida del cepo al dólar, consistente en “apretar” el libre mercado de la moneda, y que el consumo interno no se detiene en lo mínimo.

Los comercios siguen con compradores, los teatros, restaurantes y demás actividad económica marcha a un ritmo normal. ¿Por qué hablar de un default cuando la economía mantiene su ritmo?

Al parecer pesa más la presión de la prensa opositora al gobierno para llevar estas informaciones alrededor del mundo, que la misma realidad de la nación argentina. La lucha entre el gobierno y el Grupo Clarín no da tregua. De manera particular ocurre en el país que al leer los resúmenes noticiosos presentados por Clarín y Página 12, diarios opositores entre sí, le pareciera al lector estar viviendo en dos sociedades radicalmente opuestas.

En estricto sentido, el panorama no es ni tan alentador ni tan trágico. En tiempos de crisis, Argentina es una más de las naciones que está lidiando con la desaceleración. Por ello sus acreedores reclaman seguridad frente al gobierno de la señora Fernández ahora que se dispone a pagar U$3.500 millones a los deudores que aceptaron las condiciones del gobierno; pero no hay que especular señalando que se repetirá un fenómeno como el recordado en aquel trágico diciembre de 2001, cuando el país colapsó.