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Estados Unidos y Canadá dominan como distritos de interés, mientras mejoran Botswana, Marruecos y la provincia de San Juan
¿Cuál es el mejor lugar del mundo para invertir en minería? Según un estudio del Fraser Institute, es Nevada, Estados Unidos. Le sigue Australia Occidental, las provincias canadienses de Saskatchewan, Newfoundland y Labrador, así como el estado de Colorado en Estados Unidos.
Los países en donde hay menos interés en invertir en minería son Zimbawe, Guinea, Mozambique, China, Angola, Papúa Nueva Guinea, la República Democrática del Congo, Mongolia y Sudáfrica.
La encuesta del Fraser Institute se realizó entre agosto y diciembre de 2022 e involucró a 1.966 ejecutivos de compañías mineras, de todos los continentes menos la Antártica.
El sondeo está diseñado para captar las opiniones de gerentes y ejecutivos sobre el nivel de las barreras a la inversión en jurisdicciones con las que sus empresas están familiarizadas, indagando aspectos como el entorno político, la interpretación o aplicación de las reglamentaciones existentes, la incerteza con respecto a las regulaciones ambientales, duplicación e inconsistencias regulatorias, el sistema legal, el régimen tributario.
Otros temas considerados son la infraestructura existente en el país, la estabilidad política, las regulaciones laborales, la calidad de las información geológica, el nivel de seguridad ciudadana y calidad de los recursos humanos, entre otros aspectos.
Percepción política
Si bien las consideraciones geológicas y económicas son factores importantes en la exploración de minerales, el clima político de una región también es una consideración de inversión importante. Por ello el think tank creó el Índice de Percepción Política (PPI), que es un índice compuesto que mide el atractivo general de las políticas de las 62 jurisdicciones de la encuesta.
El índice se compone de respuestas de encuestas a factores de política que afectan las decisiones de inversión.
Solo en intereses, las naciones en desarrollo pagaron US$415.000 millones, recursos que dejaron de destinarse a servicios esenciales como educación, salud primaria o infraestructura básica
El índice califica el riesgo político en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el riesgo máximo y el peligro inminente de colapso
Los niveles de empleo se mantuvieron prácticamente sin cambios, como consecuencia de la reticencia de las empresas a contratar
