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Los decretos causan la retirada de 4.235 viviendas del alquiler en sólo diez días en España
88,9% de las agencias inmobiliarias constata el impacto en el mercado del alquiler habitual tras las medidas contenidas en decretos del Gobierno
88,9% de las agencias inmobiliarias constata el impacto en el mercado del alquiler habitual tras las medidas contenidas en los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.
Así se desprende de un estudio exprés realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, FAI, a partir de más de 600 agencias encuestadas en las principales capitales de provincia y ciudades del país.
En términos absolutos, los primeros datos recabados por FAI en los últimos diez días contabilizan que hasta 4.235 inmuebles han sido retirados o desviados del arrendamiento residencial. En concreto, se han registrado 2.067 viviendas retiradas del mercado de alquiler habitual, otras 1.224 han sido trasvasadas a la compraventa y 944 desviadas a otras modalidades de arrendamiento.
A esto se suma que otras 1.523 firmas se han visto bloqueadas ante la situación de incertidumbre generada por los cambios legislativos. Así, en total, el estudio cuantifica un impacto directo sobre 5.758 operaciones (entre retirada del mercado de alquiler tradicional y contratos paralizados).
De esta forma, el informe revela que la principal consecuencia de estas medidas ha sido la retirada de viviendas del mercado del alquiler residencial habitual, señalada por 78,1% de las inmobiliarias, con una media de 3,78 inmuebles por agencia.
Además, 72,4% de las oficinas registra la paralización o freno en las firmas de alquiler (con una media de 2,75 contratos congelados), 56,6% constata el trasvase de propiedades hacia la compraventa (2,26 inmuebles de media) y 38,9% detecta el desvío de ofertas hacia el alquiler de temporada o por habitaciones (1,76 de media). Sólo 11,1% de las agencias asegura mantener su actividad sin cambios.
Este retirada de las últimas semanas profundiza una tendencia de caída de la oferta que lleva años produciéndose. En 2025 había 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia frente a los 902.664 de 2018, lo que supone una pérdida de casi 393.000 viviendas (-44%) en siete años, según los datos del portal inmobiliario Idealista.
Este desplome de la oferta se ha producido durante los últimos siete años de gobierno socialista, en los que el mercado de arrendamiento se ha intervenido con la Ley de Vivienda y los topes en la actualización de las rentas. Estas medidas han generado mucho ruido en el sector e inseguridad jurídica, ahuyentando a muchos caseros que han buscado alternativas en el alquiler de temporada o de habitaciones (a los que no les afectaban las limitaciones, hasta ahora) o directamente han optado por poner a la venta los inmuebles.
Ante este escenario de temor entre los pequeños propietarios, la federación proyecta que en las próximas semanas la caída en el volumen de operaciones de alquiler podría situarse entre 25% y 30%, debido tanto al freno de las firmas como a la retirada y desvío de inmuebles a otros usos.
El presidente de FAI, José María Alfaro, ha manifestado comprender y compartir el malestar social y el clamor popular ante las dificultades de acceso a la vivienda, el sobreesfuerzo económico de los inquilinos y el drama de los desahucios, si bien ha alertado de que los recientes cambios normativos están teniendo "graves consecuencias".
Por una parte, advierte de que la caída o retraso en las firmas pone en riesgo el futuro de numerosas familias que se han quedado sin alternativa de arrendamiento.
Por otra parte, señala que las medidas no han tenido en cuenta a los pequeños propietarios al no concretar ni garantizar de forma completa la protección frente a impagos, la cual queda supeditada a un "laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones".
Alfaro considera "arriesgado" el uso de la Diputación Permanente para ofrecer soluciones parciales en una materia "tan delicada y compleja", al estimar que supone incrementar la presión y legislar de forma precipitada en un mercado al límite.
Ante esta situación, el presidente de FAI ha reiterado la necesidad de articular un "Plan Marshall de Emergencia" de acceso a la vivienda con criterios de urgencia y excepcionalidad, basado en un pacto de Estado entre fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, colectivos sociales y expertos del sector.
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