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El expresidente Alejandro Toledo
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Toledo, de 79 años, fue acusado en este proceso judicial de haber adquirido millonarias propiedades inmobiliarias en Perú
La justicia de Perú condenó el miércoles al expresidente Alejandro Toledo a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos, en una segunda sentencia en su contra vinculada a casos de corrupción.
Toledo, de 79 años, quien gobernó el país entre 2001 y 2006, fue acusado en este proceso judicial de haber adquirido millonarias propiedades inmobiliarias en Perú con dinero proveniente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ahora conocido como Novonor.
Según la acusación fiscal, el exmandatario y su esposa destinaron US$5,1 millones para comprar una casa y una oficina en un barrio residencial de Lima así como para pagar hipotecas de otras dos propiedades.
Los fondos para estos inmuebles fueron transferidos a través de una empresa 'offshore' creada por Toledo en Costa Rica, utilizada para blanquear el dinero ilícito, dijo la fiscalía.
En octubre del año pasado el expresidente fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por aceptar, según la fiscalía, hasta US$35 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de otorgar a la empresa millonarias obras públicas.
Las dos condenas se cumplirán de forma simultánea. Toledo, economista formado en la Universidad de San Francisco y con una maestría de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, cumple prisión en un penal construido dentro de una base policial en Lima, donde también están recluidos los ex-presidente Olla Huma, Pedro Castillo y Martín Vizcaya.
En esa misma prisión permaneció 16 años el expresidente Alberto Fujimori, quien recuperó su libertad a fines del 2023 gracias a indulto humanitario y falleció meses después.
Los casos de corrupción de Odebrecht, conocidos como Lava Jato en Brasil, salpicaron a varios gobiernos de Latinoamérica y en Perú involucró a casi todos sus ex-presidente desde principios de siglo.
Actualmente el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, encara un juicio en el que la fiscalía pide 35 años de prisión.
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