Justicia de Venezuela enmienda sentencias que limitaban al congreso

En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictaminado que su sala constitucional asumiría el rol del parlamento, al considerar que este cuerpo permanece en “desacato” por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.

Además, la corte había limitado la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio o apresar a los diputados opositores, mayoría en el hemiciclo.

“En lo que respecta al punto referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta (…) cuyo contenido se suprime”, dijo el TSJ en un comunicado compartido por la televisora estatal VTV.

“Se aclara de oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido”, agregó.

Estas decisiones encendieron las alarmas en América. La oposición las calificó como un “golpe de Estado”, la OEA programó una reunión de emergencia el lunes, y varios países llamaron a dar marcha atrás y respetar la separación de poderes.

Los fallos, incluso, abrieron divisiones dentro de la administración de Maduro, que no suele ventilar sus diferencias. La fiscal general, Luisa Ortega, criticó las sentencias del TSJ asegurando que se trataba de una “ruptura del orden constitucional”.

La reacción de Ortega provocó que Maduro convocara al Consejo de Defensa, el máximo órgano de consulta del país, y diera un discurso la madrugada del sábado para pedir a la corte que revise su decisión con el fin de “mantener la estabilidad constitucional”.

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De vuelta al statu quo
Pase lo que pase, la Asamblea Nacional seguiría bloqueada por la justicia, que le ha impedido aprobar leyes desde que asumió funciones en el 2016 acusándola de “desacato”.

El fallo del miércoles de cercenar al Congreso fue incorporado en una decisión más amplia que permite al Ejecutivo firmar contratos con empresas mixtas petroleras sin la aprobación del parlamento, como estipulan las leyes vigentes.

En busca de liquidez para hacer frente a millonarios pagos de deuda este mes, la estatal PDVSA le habría ofrecido vender a Rosneft una parte de su participación en la empresa mixta Petropiar, pero el parlamento dijo que rechazaría el ofrecimiento.

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de alimentos y medicinas, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una “guerra económica” con el fin de desbancarlo.

Desde que el presidente asumió en 2013, la oposición ha protestado contra lo que considera una dictadura que encierra a sus críticos, cercena elecciones e impide la apertura de un canal humanitario para suavizar la escasez de alimentos y medicinas.

El sábado, cientos de opositores volvieron a las calles del país petrolero para protestar contra Maduro.

 

Estados Unidos pide de vuelta los derechos del Parlamento venezolano
Estados Unidos está al tanto de las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y de las decisiones que tomó el sábado, al dar marcha atrás a dos de sus sentencias, lo que le permite al Parlamento de este país volver a retomar parte de sus funciones.

Sin embargo, desde la Casa Blanca hay insistencia en que se “restauren completamente los derechos y autoridades” a la Asamblea Nacional.

De acuerdo a una información que fue publicada por RCN Radio, un funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, mencionó que esta serie de problemas entre el Tribunal y la Asamblea, demuestra aún más al persistencia de una falta de separación de poderes en Venezuela.