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Trump busca deportar unilateralmente a miembros acusados de la pandilla venezolana Tren de Aragua a una notoria megaprisión en El Salvador
Un juez federal en Colorado bloqueó temporalmente al gobierno de Trump la posibilidad de expulsar a presuntos pandilleros venezolanos del estado bajo una ley de emergencia en tiempos de guerra, lo que se suma a una serie de fallos que obstaculizan la iniciativa de deportación del gobierno.
La orden de restricción temporal emitida el martes también exige que Estados Unidos notifique con 21 días de anticipación a cualquier persona detenida en Colorado que el gobierno pretenda expulsar en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden permanecerá vigente hasta el 6 de mayo, aunque se espera que los demandantes soliciten una medida cautelar más duradera. El gobierno de Trump afirmó que apelará el fallo ante la Corte Suprema, de ser necesario.
Este es el último avance en una batalla legal que se desarrolla en Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump busca deportar unilateralmente a miembros acusados de la pandilla venezolana Tren de Aragua a una notoria megaprisión en El Salvador. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en un caso relacionado a principios de este mes que los pandilleros acusados deben tener la oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra antes de ser deportados, y el sábado bloqueó temporalmente las deportaciones desde Texas.
La jueza Charlotte Sweeney declaró en su fallo que los demandantes y otras personas en circunstancias similares enfrentarán un daño irreparable si son deportados sin el debido proceso. También cuestionó algunos elementos de la proclamación de Trump de marzo que motivaron las deportaciones, la cual argumenta que la actividad de la pandilla en Estados Unidos constituye una invasión o una incursión depredadora según la AEA.
“Estas palabras, fundamentalmente, exigen acción militar y en tiempos de guerra”, dijo Sweeney, designado por Biden. “La proclamación no formula ninguna constatación que satisfaga estas exigencias definitorias. Por lo tanto, al basarse en las disposiciones de 'invasión' e 'incursión' de la Ley para justificar sus facultades de destitución, lo hace indebidamente”.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la administración Trump “combatirá esto hasta la Corte Suprema, si es necesario”. Añadió que el máximo tribunal del país “ya ha declarado que nuestro Comandante en Jefe, Donald J. Trump, tiene la facultad de detener la invasión de nuestro país por terroristas utilizando poderes de guerra. Un solo juez activista no electo no puede detener la voluntad del pueblo estadounidense de una patria segura”.
La jueza indicó que la notificación requerida por su orden debe incluir información detallada sobre cómo los pandilleros acusados pueden impugnar su destitución y debe proporcionarse en un idioma que los detenidos puedan comprender. Los abogados de los demandantes afirmaron que los detenidos recibían instrucciones únicamente en inglés.
La decisión sigue órdenes similares emitidas por jueces de otros estados, quienes determinaron que los solicitantes deben tener la oportunidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a pandillas. Muchos de los más de 200 hombres que ya han sido deportados bajo la ley niegan pertenecer a pandillas.
Se han presentado múltiples demandas impugnando las deportaciones, y un juez federal en Washington está considerando un cargo de desacato contra funcionarios del gobierno después de que los dos primeros aviones con deportados aterrizaran en El Salvador a pesar de su orden de detener las expulsiones. Por otra parte, Estados Unidos deportó injustamente a un salvadoreño a esa prisión a pesar de una orden judicial de inmigración que bloqueaba su expulsión a su natal El Salvador.
Tribunales federales, incluida la Corte Suprema, han ordenado al gobierno que facilite su regreso. Trump y otros funcionarios del gobierno han argumentado que no tienen la facultad de liberar a Kilmar Abrego García ni de devolverlo a Estados Unidos.
El gobierno de Trump ha insistido en que todos los venezolanos deportados al Centro de Confinamiento Antiterrorista, Cecot, en San Salvador son pandilleros y delincuentes confirmados que representan una amenaza para Estados Unidos. Alrededor de 90% de los hombres enviados allí no tienen antecedentes penales, según un análisis de registros públicos realizado por Bloomberg.
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