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Donald Trump, presidente de Estados Unidos
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Los sectores del transporte y la energía son responsables cada uno de ellos de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos
El Gobierno del presidente Donald Trump tiene previsto anunciar el jueves la derogación de un hallazgo científico según el cual las emisiones de gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud humana, lo que elimina la base jurídica de las regulaciones climáticas federales.
Esta medida representa el retroceso más drástico de la administración en materia de política climática hasta la fecha, tras una serie de recortes normativos y otras medidas destinadas a liberalizar el desarrollo de los combustibles fósiles y obstaculizar la implantación de las energías limpias.
Trump ha declarado que cree que el cambio climático es un engaño y ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París, dejando al mayor contribuyente histórico del mundo al calentamiento global fuera de los esfuerzos internacionales para combatirlo.
La denominada «declaración de peligro» fue adoptada por primera vez por Estados Unidos en 2009 y llevó a la EPA a tomar medidas en virtud de la Ley de Aire Limpio de 1963 para reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros cuatro contaminantes atmosféricos que retienen el calor procedentes de vehículos, centrales eléctricas y otras industrias.
Su derogación eliminaría los requisitos reglamentarios para medir, informar, certificar y cumplir con las normas federales de emisión de gases de efecto invernadero para los automóviles, pero es posible que inicialmente no se aplique a fuentes fijas como las centrales eléctricas, según informaron funcionarios al Wall Street Journal a principios de esta semana.
Reuters no ha podido confirmar estos detalles.
Según las cifras de la EPA, los sectores del transporte y la energía son responsables cada uno de ellos de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos.
Aunque muchos grupos industriales respaldan la derogación de las estrictas normas de emisión de los vehículos, se han mostrado reacios a mostrar su apoyo público a la revocación de la declaración de peligro debido a la incertidumbre jurídica y normativa que podría desencadenar.
Los expertos jurídicos afirman que el cambio de política podría, por ejemplo, provocar un aumento de las demandas conocidas como acciones por «molestias públicas» , una vía que había quedado bloqueada tras una sentencia de la Corte Suprema de 2011 que dictaminó que la regulación de los gases de efecto invernadero debía quedar en manos de la Agencia de Protección Medioambiental en lugar de los tribunales.
Los grupos ecologistas han criticado la propuesta de derogación por considerarla un peligro para el clima. Es probable que las futuras administraciones estadounidenses que deseen regular las emisiones de gases de efecto invernadero tengan que restablecer la declaración de peligro, una tarea que podría resultar compleja desde el punto de vista político y jurídico.
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