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Odebrecht, el mayor grupo de ingeniería en América Latina, admitió en diciembre el pago de sobornos a funcionarios de 12 países de la región para asegurarse contratos lucrativos. En Ecuador, los sobornos de la compañía habrían alcanzado unos US$33,5 millones.
"El tema central, en lo penal, creo que está prácticamente acordado (...) ¿Qué es lo que nos falta? el Procurador y su representante están definiendo todo el esquema sobre posibles indemnizaciones que tengan que darse", dijo el fiscal, Galo Chiriboga, al canal de televisión local Ecuavisa.
El fiscal añadió que la compañía brasileña aceptó que el acuerdo sea público en su mayor parte y entregará a Quito la misma información que proporcionó a Estados Unidos, Brasil y Suiza sobre la red de sobornos.
En Ecuador, hasta el momento, no se ha identificado a los funcionarios públicos vinculados con las denuncias.
El presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht en el 2008 por irregularidades en la construcción de una central hidroeléctrica, pero dos años después la compañía retronó al país tras alcanzar un acuerdo que incluyó el pago de una indemnización.
Las autoridades locales analizan, en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía desde diciembre, unos 30 contratos suscritos entre Odebrecht y empresas públicas ecuatorianas.
Chiriboga añadió que para la fijación de las posibles indemnizaciones se está trabajando conjuntamente con la Procuraduría del país para "establecer qué daño adicional pudo causar estas acciones y pedir su reparación".
Dentro de la investigación, la Fiscalía solicitó la prohibición para que el Estado ecuatoriano suscriba nuevos contratos con Odebrecht, el bloqueo de pagos por US$40 millones y la incautación documentos y equipos informáticos de las oficinas de la compañía en el país.
Ecuador trabaja de manera conjunta en el caso con Perú y Colombia.
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