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Se viló la ley federal al permitir que el equipo de eficiencia recién creado por Musk accediera a información del Departamento del Tesoro
Un grupo de 19 estados, en su mayoría liderados por demócratas, demandó al presidente Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por otorgarle a Elon Musk acceso sin precedentes a datos personales de millones de estadounidenses.
Trump y Bessent violaron la ley federal al permitir que el equipo de eficiencia recién creado por Musk accediera a información del Departamento del Tesoro, según la demanda presentada el viernes por la noche en Nueva York. El caso, junto con una denuncia similar presentada a principios de esta semana por sindicatos, podría retrasar lo que el presidente dice es un plan para identificar y reducir el gasto innecesario.
El presidente creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental temporal de la Casa Blanca mediante una orden ejecutiva y nombró a Musk para liderar lo que describen como un esfuerzo para modernizar la tecnología federal e identificar recortes de gastos. Pero la medida inmediatamente generó preocupaciones legales.
Los fiscales generales de estados como Nueva York y California afirmaron que Trump y Bessent pusieron en riesgo los datos personales de millones de personas, así como miles de millones de dólares en pagos que los estados reciben a través de la Oficina de Servicios Fiscales del Tesoro, o BFS.
“La implementación por parte de Bessent de la nueva política de acceso más amplio del Tesoro, que permite a Musk y a su equipo Doge acceder a los sistemas de pago de BFS, se adoptó sin ningún anuncio público ni explicación”, argumentaron los estados. “Los demandados no han aportado ningún motivo para justificar la nueva política, ni el Tesoro realizó una evaluación del impacto en la privacidad antes de implementar el cambio”.
La demanda es la última de una ola de impugnaciones a las órdenes ejecutivas y otras medidas del presidente desde que asumió el cargo el mes pasado, entre ellas su intento de detener los préstamos y subvenciones federales, eliminar la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento e identificar a los agentes del FBI y a los fiscales que ayudaron a presentar causas penales contra Trump y sus partidarios.
Los críticos llevan semanas dando la voz de alarma sobre el papel de Musk desde que el personal de Doge empezó a entrar en las instalaciones de varias agencias para acceder a los sistemas informáticos y a los espacios físicos. La Casa Blanca dice que Musk, la persona más rica del mundo que dirige varias empresas, entre ellas Tesla Inc., es un empleado especial del gobierno: un funcionario o empleado de la rama ejecutiva del gobierno federal que normalmente presta servicios durante un periodo de tiempo limitado.
El viernes, el senador estadounidense Ron Wyden de Oregón acusó al Tesoro de engañar al Congreso sobre el nivel de acceso que la administración ha otorgado a los aliados de Musk. Bessent ha apoyado firmemente los esfuerzos de Doge.
Harrison Fields, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que la demanda de los estados muestra que los demócratas “no tienen ningún plan sobre cómo recuperarse de su vergonzosa derrota” en las elecciones de noviembre.
“En lugar de trabajar para convertirse en un partido que se centre en la voluntad del pueblo, están empeñados en mantener la cabeza bajo la arena y en hacer luz de gas sobre la misión ampliamente apoyada de Doge”, dijo Fields. “Reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, y convertirse en mejores administradores de los dólares ganados con tanto esfuerzo por los contribuyentes estadounidenses puede ser un delito para los demócratas, pero no lo es en un tribunal de justicia”.
En la demanda de los estados, los fiscales generales afirman que Trump y Bessent violaron la Ley de Procedimientos Administrativos federal de numerosas maneras, incluso excediendo su autoridad legal y tomando decisiones que fueron “arbitrarias y caprichosas”.
Los estados también quieren una orden de restricción temporal y un mandato judicial que impida al Tesoro acceder a los datos de pago a personas designadas por motivos políticos o “empleados especiales del gobierno”. Los estados también quieren que cualquiera que obtenga acceso a los datos pase verificaciones de antecedentes y reciba las autorizaciones de seguridad adecuadas.
Antes de que se presentara la demanda, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que Doge buscaba obtener acceso a los datos de los pagos específicamente para detener el flujo de fondos federales a “programas esenciales”.
“Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley”, dijo James en un comunicado. “El presidente no tiene el poder de entregar nuestra información privada a quien él elija, y no puede recortar los pagos federales aprobados por el Congreso”.
En la demanda interpuesta por los sindicatos, un juez estadounidense limitó el jueves temporalmente el acceso al sistema de pagos del Tesoro. Los sindicatos acusaron a Bessent de compartir ilegalmente la información de sus miembros con Doge. El juez está considerando una pausa más prolongada en el acceso por parte del equipo de Musk mientras se desarrolla la demanda de los sindicatos.
El caso es Nueva York v. Trump, 25-cv-1144, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
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